La violencia digital ya no es una amenaza futura, sino una realidad cotidiana que requiere respuestas urgentes, técnicas y estructurales. Para Jesús Alfredo Páez San Martín, exdirector de la Policía Estatal Cibernética, Puebla enfrenta un momento clave, donde debe apostar por un marco integral que comprenda cómo funcionan los nuevos delitos, quiénes los cometen, con qué herramientas, y cómo prevenirlos de forma efectiva.
Sicariato digital: la violencia organizada en redes sociales
Uno de los fenómenos más graves que preocupan a Jesús Alfredo Páez San Martín es el llamado sicariato digital: una forma de violencia colectiva, organizada desde plataformas sociales, que ya tiene consecuencias reales para quienes la padecen, aunque aún no esté reconocida legalmente.
“No es un término jurídico todavía, pero el fenómeno existe. Hay personas que sufren ataques masivos orquestados desde redes sociales. No es una discusión. Es un linchamiento digital que puede acabar con la salud mental, el empleo o incluso la vida de una persona”, advirtió.
A diferencia del ciberacoso individual, el sicariato digital se caracteriza por su coordinación, alcance y muchas veces por el anonimato colectivo. Las agresiones pueden incluir insultos, amenazas, doxeo, imágenes ofensivas, videos manipulados o campañas de desprestigio.
“Hay víctimas que se despiertan con miles de mensajes de odio, hashtags con su nombre, menciones ofensivas en cada red social. Eso es una ejecución digital. La intención es destruir su reputación, su autoestima y su entorno”, explicó Páez.
Aunque no es un fenómeno reciente, el uso de bots y algoritmos lo ha potenciado. En otros países ya se discute el hostigamiento digital en masa, y para el especialista, México debe hacerlo también.
Retomó las advertencias de la activista Edurne Ochoa, quien ha documentado cómo esta violencia afecta a las personas: “Ella lo ha dicho con claridad: que no esté en la ley no significa que no exista, y no por eso debemos minimizarlo”.
Y advierte que esto no debe confundirse con la crítica legítima: “Yo puedo cuestionar a un servidor público por su desempeño, eso es libertad de expresión. Pero si alguien publica su dirección, su teléfono y pide que lo ataquen, eso ya es violencia. La ley debe establecer esa línea con claridad”.
Propone que el sicariato digital sea agravante del ciberacoso cuando exista participación grupal, y que el uso de tecnología para amplificar el daño sea penalizado.
“Esta propuesta no me la inventé ahora. Es una iniciativa construida durante años, con apoyo de policías cibernéticos, académicos, activistas y hasta familiares de víctimas. Incluso estudiantes me han ayudado a afinarla, señalando omisiones como las funas o el doxeo. Todo eso ya está integrado”.
La propuesta ya fue entregada a diversos legisladores, pero sigue sin ser procesada en el Congreso local.
“No podemos seguir normalizando esta práctica solo porque ocurre en una pantalla. La violencia digital es violencia real”.
Espionaje digital e ingeniería social
Otro aspecto preocupante es el espionaje digital, que se manifiesta en engaños cotidianos que permiten a los delincuentes acceder a dispositivos y cuentas personales. Esto se logra mediante ingeniería social.
“Cuando hablamos de espionaje digital, nos referimos a alguien que, desde su teléfono, logra entrar al tuyo porque te engañó. Eso es más común y más peligroso, y ocurre todos los días”, explicó Páez.
La ingeniería social no vulnera sistemas, vulnera personas. A través de mensajes falsos o situaciones urgentes, los delincuentes hacen que las víctimas entreguen contraseñas, códigos de verificación, accesos bancarios o datos privados.
“La mayoría de los accesos ilegales a cuentas de WhatsApp o Facebook no se hacen con hackeos sofisticados. Se hacen con un mensaje: ‘te enviamos un código, reenvíalo’. Y ese código es el que permite entrar. No fue un hackeo técnico, fue manipulación emocional. Y eso es ingeniería social”.
Actualmente, la ley sanciona el acceso no autorizado a sistemas digitales, pero no contempla casos en los que la víctima entrega sus datos sin saber que está siendo engañada.
“Ahí hay un vacío. Si se interpreta de forma rígida, podría decirse que no hay delito porque hubo consentimiento. Pero eso no es correcto. Una autorización obtenida por engaño no es válida, y la ley debe decirlo así”.
Por ello propone tipificar el acceso ilícito por ingeniería social como modalidad autónoma, lo que permitiría sancionar a quien se adueñe de una cuenta mediante manipulación.
Y añade: “Tal como está redactada, la ley parece perseguir espías internacionales, cuando en realidad estamos hablando de defraudadores digitales. Eso debe cambiar”.
En el plano institucional, advierte que sin capacitación adecuada, cualquier reforma será inútil. “¿De qué sirve una ley moderna si los fiscales no saben interpretarla? Si los jueces piensan que una víctima de fraude fue culpable por compartir un código, entonces la ley está fallando”.
Durante su paso por la Policía Estatal Cibernética, propuso una nueva clasificación de 24 tipos de incidentes digitales —frente a las 9 categorías tradicionales—, con base en reportes reales. Estas incluyen suplantación de identidad, phishing, fraudes con compras falsas, robo de datos por SMS o aplicaciones.
“Los bancos muchas veces se deslindan: ‘Tú diste la clave, tú compartiste el NIP’. Y así se lavan las manos. Pero eso no es justo. La víctima fue manipulada. Eso tiene que quedar claro en la ley”.
Propone además campañas de educación digital, con lenguaje accesible y dirigidas especialmente a poblaciones vulnerables: personas mayores, adolescentes o usuarios sin experiencia.
“El espionaje digital del siglo XXI no necesita micrófonos ocultos ni maletines secretos. Basta un mensaje bien redactado y una víctima desprevenida”.
Apps de préstamo: el lado más crudo del acoso financiero digital
Uno de los delitos más frecuentes en los reportes de la Policía Estatal Cibernética es el acoso financiero digital cometido por apps de préstamo exprés. Páez San Martín advierte que este fenómeno ya no puede seguir operando con impunidad y que es urgente tipificarlo en el Código Penal como un delito autónomo.
“No basta con hablar de ciberacoso. Tenemos que ir directamente al problema de fondo: estas aplicaciones que prestan mil pesos y luego quieren cobrar diez mil, cometiendo fraude por usura… pero eso no es lo peor”, explica.
El verdadero peligro, denuncia, está en las tácticas de intimidación, difamación y violencia digital que emplean estas plataformas cuando las víctimas no pueden pagar. Según el especialista, se trata de cobranza ilegítima, y propone que se reconozca como tal en la ley bajo la figura de acoso financiero digital.
“No es ficción. Te dicen: ‘si no pagas, voy a decir que eres violador’. Y lo mandan a tu mamá, a tu jefe, a tu pareja. Usan tu foto, tu nombre, y montan una campaña de terror”, explicó Páez San Martín.
El exfuncionario subraya que, aunque el fraude por usura ya está reconocido en el Código Penal, la violencia digital posterior no lo está, y urge visibilizarla y sancionarla.
“Esto no es solo fraude. Es violencia financiera, psicológica y digital. Y no existe una figura clara para investigarlo ni sancionarlo”, sostuvo.
Además, propuso que se fortalezcan las capacidades técnicas de las fiscalías y policías para rastrear a quienes están detrás de estas redes, muchas veces operadas desde otros estados o incluso desde el extranjero.
“Se necesita cooperación internacional. Hay centros de llamadas completos detrás de estas apps. No es solo una persona pidiendo dinero: es una red con bots, abogados falsos y campañas de amedrentamiento”, afirmó.
En su propuesta legislativa, Páez San Martín incluye la tipificación del acoso financiero digital como delito autónomo, con penas diferenciadas cuando haya uso de inteligencia artificial, amenazas colectivas o difusión masiva de contenido falso.
“Es uno de los temas más reportados por la ciudadanía. Y sigue sin estar en la ley. Eso es lo que debemos corregir”, concluye.
Criptomonedas y fraudes con bitcoins
Aunque el Bitcoin no tiene curso legal en México, cada vez son más frecuentes los fraudes relacionados con criptomonedas. Muchos de estos se cometen por ingeniería social, aunque también existen ataques dirigidos a las carteras digitales.
“Muchas veces hay fraudes por ingeniería social: les hacen creer que están comprando activos cuando no es así. O incluso hay vulneraciones reales a wallets o plataformas blockchain”, explicó Páez.
No se trata de prohibir su uso, señala, sino de proteger a los usuarios frente a fraudes y vacíos legales. “Aquí queda esa ambigüedad: si te vacían tu cartera de bitcoins, algunos podrían decir: ‘solo te quitaron unos y ceros’. Pero no es así. Son activos digitales comprados con dinero real”.
Por ello, propone establecer el valor jurídico de estos activos, no solo desde lo penal, sino también desde lo financiero y patrimonial, para garantizar mecanismos claros de sanción y reparación.
México, dice, está rezagado: “El Convenio de Budapest —el tratado internacional más importante sobre delitos informáticos— tiene más de dos décadas de existencia y México aún no se ha adherido”.
Ese rezago no es solo normativo: tampoco existen unidades especializadas ni personal capacitado. “En Puebla no hay una unidad de delitos cibernéticos en la fiscalía. Y la Policía Estatal Cibernética, aunque hace un gran trabajo, no tiene facultades plenas”, lamentó.
Una reforma integral, no simbólica
Actualmente, la Policía Estatal Cibernética no forma parte de la Policía Estatal Preventiva ni del sistema profesional de carrera. “Tienen el nombre, pero no tienen facultades reales. Y la Fiscalía ni siquiera tiene una unidad especializada”, señaló.
“Podemos tener 20, 30 o 50 agentes, pero ¿saben sus funciones? ¿Tienen perfil técnico? ¿Cuentan con herramientas? Eso es lo que se necesita: una estructura, no solo más nóminas”.
Además, criticó que el marco legal siga hablando de “delitos informáticos”, un concepto obsoleto desde hace más de dos décadas. Con solo actualizar el lenguaje —por ejemplo, hablar de “delitos cibernéticos”— y redefinir artículos, ya se avanzaría mucho.
Frente a este escenario, Páez San Martín insiste en que la reforma debe ser técnica, integral y con participación de especialistas. No se trata de sumar artículos, sino de construir una estructura funcional.
“La violencia digital es real, aunque no siempre deje marcas visibles. Puebla tiene una oportunidad de oro: quedarse otros veinte años rezagada o convertirse en ejemplo nacional. Lo que decidamos hoy marcará la diferencia entre un Estado que protege a su gente… y uno que solo observa mientras la violencia migra de la calle a la pantalla”, concluye.
