A unos días de que concluya el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso, el Senado de la República se prepara para votar dos reformas clave que redefinirán el modelo de seguridad y control poblacional en México: la Ley General de la Guardia Nacional y la implementación de la CURP biométrica obligatoria.
Ambos dictámenes ya fueron aprobados en comisiones y están listos para ser discutidos y, en su caso, aprobados por el pleno senatorial antes del 2 de julio, cuando cierra el actual periodo legislativo.
El 24 de junio, la Cámara de Diputados aprobó con 349 votos a favor y 132 en contra la reforma que transfiere el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Las comisiones del Senado avalaron el dictamen el 26 de junio sin modificaciones, por lo que su votación final será inminente.
La ley otorgaría nuevas facultades a la corporación, como vigilancia, investigación, monitoreo de redes sociales, y operaciones encubiertas, siempre que haya autorización judicial. También contempla el acceso a una plataforma nacional de información, que incluye bases de datos fiscales, migratorias y de telecomunicaciones.
Organizaciones civiles como Artículo 19, R3D y colectivos de derechos humanos han advertido que la norma profundiza la militarización de la seguridad pública y debilita los controles civiles sobre tareas policiales.
“Estamos frente a una reconfiguración del poder del Estado que se apoya en la vigilancia y la fuerza armada, sin los contrapesos adecuados”, advirtieron en un pronunciamiento conjunto.
De manera paralela, el Senado también analiza la aprobación de la CURP biométrica, una nueva cédula de identidad nacional que incorporará huellas dactilares, fotografía facial y escaneo del iris. Esta CURP será obligatoria para acceder a servicios públicos y privados como bancos, salud, educación y justicia.
La reforma ya fue aprobada el 26 de junio en las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos, y se espera que sea votada en el pleno durante la misma semana.
Si se aprueba, todas las instituciones del Estado estarán obligadas a integrarse a la Plataforma Única de Identidad, un sistema nacional de interconexión de datos personales y biométricos que podrá ser utilizado, entre otros, por las fuerzas armadas y de seguridad.
Diversas voces han expresado su rechazo a la iniciativa por considerar que abre la puerta a un sistema de vigilancia masiva, sin garantías suficientes de protección de datos.
“No hay mecanismos efectivos para que la ciudadanía controle cómo se almacenan, usan o comparten sus datos biométricos. Y ahora serán obligatorios para todo”, señaló una integrante del colectivo R3D.
