El Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, pidió al Congreso local garantizar que la nueva Ley de Ciberseguridad no dé pie a la criminalización de la crítica, el periodismo o la protesta.
En un posicionamiento difundido este martes, el gobernador llamó a mantener el criterio legal de que opinar sobre el desempeño de funcionarios públicos no constituye un delito.
La solicitud fue dirigida a la presidenta del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, en el marco de los foros legislativos de la iniciativa, luego de que periodistas, activistas y colectivos expresaran su preocupación por los posibles alcances de la norma.
“La expresión artística, la investigación, el periodismo y la protesta social están salvaguardados. Esto representa un avance que combina el respeto a los derechos humanos con la necesidad urgente de justicia y protección digital”, expresó.
El pronunciamiento destaca que expresiones como la protesta social, la creación artística, el ejercicio periodístico y la investigación deben estar protegidas también en el ámbito digital.
El mandatario aseguró que esa lógica ha sido adoptada en países como España, Brasil, Argentina y Chile, donde las leyes de ciberseguridad coexisten con garantías explícitas a la libre expresión.
Claudia Sheinbaum se pronunció ayer desde su conferencia matutina por la Ley de Ciberseguridad en Puebla y respaldó su propósito de combatir el ciberacoso, aunque pidió aclarar su redacción para evitar interpretaciones que pudieran afectar la libertad de expresión.
Señaló que la norma no busca proteger a servidores públicos ni silenciar voces críticas, sino atender delitos digitales como robo de identidad, acoso y grooming digital, siguiendo modelos aplicados en estados como Nuevo León y Coahuila.
Sheinbaum calificó de “campaña negra” los señalamientos de censura dirigidos a la Cuarta Transformación por esta reforma, y defendió que en México existe “la mayor libertad de expresión de la historia”, donde medios y periodistas siguen opinando con total libertad.
