Después de haberse conocido todos los resultados del proceso electoral judicial, se han corroborado la serie de irregularidades, los vicios, las prácticas fraudulentas, lo que permite afirmar que esta elección judicial fue un verdadero chasco, un fraude que no ayudara en nada a mejorar el PJF. Ante los resultados obtenidos, es lamentable y triste que más de 500 jueces y juezas, magistrados y magistradas hayan renunciado a participar en el circo llamado elección judicial para no ser parte de un engaño colosal que a nadie convenció. Dejaron toda una vida dedicada a la impartición de justicia, donde con entrega, pasión, una carrera judicial que les permitió ir escalando posiciones dentro del PJ, y fueron adquiriendo mayorexperiencia y conocimiento especializado que les otorgaba la capacidad para ser verdaderos garantes de la justicia para todas y todos.
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN JUDICIAL
Es evidente que esta elección judicial fue demasiado fraudulenta y que no cuenta con los estándares democráticos para que se le pueda declarar válida. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, al más puro estilo de los secretarios de Gobernación cuando manejaban la cuestión electoral, ha tratado de convencer, maquillar, justificar, todos los actos irregulares, las actitudes fraudulentas y demás situaciones antidemocráticas que se realizaron antes, durante y después del proceso electoral judicial, con el único propósito de servir a la presidenta Sheinbaum y ofrecerle los resultados que la inquilina de Palacio Nacional esperaba.
Los seis consejeros y consejeras que votaron por la declaración de validez de las elecciones son: Jorge Montaño, Norma Irene de la Cruz, Rita Bell López, Uuc-kib Espadas y Carla Humphrey, el voto decisivo fue el de la consejera presidenta Guadalupe Taddei. Hay que hacer mención que en el caso de la consejera Carla Humphrey se presenta una gran incongruencia, pues a pesar de haber señalado parte de las irregularidades que se presentaron en el proceso, decidió votar a favor de validar las elecciones. Mientras que los cinco consejeros y consejeras que decidieron votar en contra de validar dicho proceso electoral son: Arturo Castillo, Martín Faz, Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera.
LA INHABILITACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS POR TENER UNA CALIFICACIÓN MENOR DE 8
En la sesión del Consejo General del INE del 19 de junio, donde se daría por concluida la jornada electoral del PJF, se tuvieron que dar dos recesos y tres intentos de sesión para que se pudiera realizar el cómputo nacional. Sin embargo, algunos consejeros no estuvieron de acuerdo con la aplicación de uno de los requisitos solicitados para jueces y magistrados que tenía que ver con el de contar con un promedio mínimo de 8 para poder ser electos. Según los funcionarios del INE existía un problema de elegibilidad en hasta 60 candidatos ganadores, pues éstos no contaban con el mínimo de promedio 8 o el de tener 9 en caso de especialización.
Es el Consejo General del INE el que tiene que remendarles la tarea a los comités de evaluación y anular los triunfos de todos y de todas aquellas personas que no cuenten con el promedio mínimo, pues por tal motivo son inelegibles. De esta suerte, tienen que anular la victoria de 37 candidatos ganadores por ser inelegibles, pues no cuentan con el promedio mínimo requerido. Esto hace que se tenga que elegir a los que hayan quedado en segundo lugar para que se les analice si cumplen con todos los requisitos de ley solicitados.
Según algunos consejeros electorales, en cuanto a los ganadores de alguna plaza para magistrado hay la evidencia documental de que 3 no alcanzan el 8 como mínimo solicitado para la carrera y 34 no alcanzan el 9 solicitado para la especialidad. En cuanto para jueces sería mucho peor la situación, ya que 13 no acreditarían el requisito solicitado para licenciatura; mientras que serían 60 los que no lo alcanzarían para la especialidad.
Imagínense que el actual presidente del PJ de la Ciudad de México, el magistrado Rafael Guerra, pretendía ser candidato a ministro de la SCJN, contando con un promedio de 7.4 en la licenciatura. Esto no podría ser. En Puebla, Guillermo Francisco Urbina Tanús logró ganar una plaza para magistrado del Sexto Circuito, pero el INE lo tuvo que inhabilitar al ser inelegible, pues no contaba con el promedio de 8 en sus estudios de licenciatura.
OTROS RESULTADOS IGNOMINIOSOS EN ESTE CIRCO.
Uno de estos casos es el triunfo de Silvia Rocío Delgado que recibiera su constancia de mayoría para desempeñarse como jueza penal del Distrito 5, en Chihuahua. Ella se desempeñó, en 2016, como parte del equipo legal de Guzmán Loera. Esto claramente abre la puerta para que el crimen organizado pueda contar con gente de su confianza dentro del PJ.
Otro caso que podemos destacar es el triunfo de Héctor Ulises Orduña Hernández, quien ganó la elección para obtener una plaza de juez mixto de Distrito con sede en Poza Rica, Veracruz, con una votación de 44 mil 221 votos. Sin embargo, él se encuentra en prisión preventiva desde abril por el delito de abuso sexual en agravio de una menor de edad. Hasta el momento no tiene cadena condenatoria y no tiene suspendidos sus derechos políticos-electorales. Este caso evidencia las fallas, la falta de rigor que hubo durante la evaluación de los candidatos judiciales. Es inaceptable que el Ejecutivo haya aprobado la candidatura de una persona así, pues envía un pésimo mensaje si lo que se pretendía era “limpiar y moralizar” al Poder Judicial.
CONCLUSIÓN
En esta elección judicial todas las partes que participaron pueden considerarse, estamos hablando de las instituciones, como integrantes de una verdadera mafia que atenta contra el PJF, contra el equilibrio de poderes, contra la democracia y contra la justicia imparcial, independiente y autónoma. El Ejecutivo podrá presumir que tiene sometidos a los otros dos poderes de la Unión y que ya nadie puede interponerse en su camino para consolidar sus intereses y caprichos. El INE ha mostrado su sometimiento también ante el Ejecutivo y su falta de honorabilidad y de respeto por la ley.
Las y los mexicanos hemos entrado a una etapa donde ya no hay nada, solamente la ley que tendrá valor en nuestro país es la que desee la presidenta Sheinbaum. La justicia la han enviado a la basura, quedará sólo la obediencia y la lealtad al gran dedo elector de Palacio Nacional.
