La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó este miércoles, por mayoría de 6 votos a 3, la ley del estado de Tennessee que prohíbe a menores transgénero acceder a tratamientos de transición de género, una medida que ha generado amplia polémica.
El fallo de la Corte Suprema representa un importante retroceso para las personas transgénero, no solo en Tennessee, sino en gran parte del país, donde numerosos estados dominados por legisladores republicanos han promulgado restricciones similares.
La oposición fue liderada por las tres magistradas liberales: Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, quienes manifestaron su desacuerdo en una firme disidencia.
“La disposición del Tribunal a actuar de este modo causa un daño irreparable a la Cláusula de Igual Protección y abre la puerta a que los legisladores incurran en discriminación (…) autoriza, sin reparo alguno, un daño incalculable a los niños transgénero y a los padres”.
Sotomayor también destacó, citando estudios, que “hasta un tercio de los menores trans intentan suicidarse a lo largo de un año escolar”, subrayando las consecuencias graves de negarles tratamientos médicos adecuados.
En la opinión mayoritaria, el presidente del tribunal, John Roberts, señaló un desconocimiento científico claro sobre los efectos de estos tratamientos en menores, postura que reflejó la cautela del tribunal ante una materia médica compleja.
Durante la audiencia de diciembre, los magistrados conservadores, como Samuel Alito, cuestionaron la “permanencia” de la condición transexual, evidenciando un enfoque más escéptico y menos empático hacia las personas transgénero.
La ley de Tennessee, aprobada en marzo del año pasado, argumenta proteger la salud e integridad de los menores y el profesionalismo médico, pero permite tratamientos para “menores con defectos congénitos, pubertad precoz u otras afecciones”, lo que sus críticos denuncian como pretexto transitorio de naturaleza transfóbica.
Esta decisión se inscribe en una serie de acciones contra los derechos trans emprendidas por la administración del presidente Donald Trump, incluyendo la expulsión de militares trans del Ejército.
Expertos legales advierten que el fallo podría fomentar que otros estados adopten normas aún más restrictivas o creen nuevas leyes discriminatorias, marcando potencialmente una nueva ola legislativa contra las personas trans en Estados Unidos.
