ProPublica dio a conocer que la administración del presidente Donald Trump ha iniciado una nueva ofensiva contra la corrupción vinculada al narcotráfico en México, imponiendo sanciones y cancelaciones de visa a figuras políticas mexicanas. De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados en el reportaje, las medidas forman parte de un esfuerzo coordinado para presionar al gobierno mexicano en su combate al crimen organizado.
Hasta el momento, al menos dos políticos mexicanos han confirmado que se les revocaron sus visas estadounidenses. Entre ellos destaca la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien informó que su visa y la de su esposo —un exdiputado— fueron canceladas debido a “una situación” relacionada con él. Ávila negó haber cometido actos indebidos y aseguró no tener cuentas bancarias en EE.UU., por lo que, hasta ahora, no enfrenta sanciones financieras adicionales.
El reportaje menciona que otros funcionarios están bajo revisión, incluyendo líderes del partido oficialista Morena, varios gobernadores estatales y aliados cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos se menciona al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, aunque su equipo negó que se le haya cancelado la visa, calificando los reportes como “no confirmados”.
Según funcionarios de EE.UU., las acciones migratorias se toman bajo la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite declarar inadmisibles a extranjeros si hay razones para creer que han colaborado con redes de narcotráfico. Esta ley también faculta al Departamento de Estado a cancelar las visas de familiares que pudieran haber sido beneficiarios de ganancias ilícitas.
Además de las restricciones de viaje, algunos casos podrían incluir sanciones del Departamento del Tesoro, que congelarían activos en EE.UU. y prohibirían a empresas estadounidenses hacer negocios con los sancionados. Un portavoz del Tesoro declinó comentar sobre posibles sanciones futuras.
El equipo encargado de esta revisión opera desde la Casa Blanca, encabezado por Anthony Salisbury, asesor adjunto de Seguridad Nacional, y supervisado por Stephen Miller, alto funcionario del gobierno de Trump. Esta unidad trabaja en coordinación con agencias como la DEA y la comunidad de inteligencia estadounidense. La lista de sospechosos se basa en parte en un archivo elaborado por la DEA en 2019, tras la ruptura de la cooperación antidrogas entre México y EE.UU. impulsada por López Obrador.
Aquel expediente derivó en la histórica acusación contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue condenado por narcotráfico en una corte federal de Nueva York.
Algunos funcionarios estadounidenses han manifestado preocupación por el bajo estándar de prueba requerido para cancelar visas o imponer sanciones, advirtiendo que podrían tomarse decisiones basadas en información insuficiente. Sin embargo, otros consideran que estas medidas envían un mensaje claro de la voluntad de EE.UU. de confrontar la corrupción en México.
El gobierno de Claudia Sheinbaum solicitó explicaciones sobre la cancelación de visas, pero recibió como respuesta que estos procesos son confidenciales.
Según el exembajador de México en Washington, Arturo Sarukhan, esta situación podría tensar la relación bilateral y ofrecer a Sheinbaum una justificación nacionalista para culpar a EE.UU. de los problemas internos del país.
