Por Ghaleb Krame
En redes sociales y columnas de opinión circulan “quinielas” que parecen sacadas del Melate: listas de supuestos políticos mexicanos que habrían sido identificados por autoridades estadounidenses por sus nexos con el narcotráfico. Se publican nombres con seguridad temeraria, como si estuviéramos ante una purga inminente de la clase política. Pero aunque esos vínculos existan y muchos de esos políticos —de alto y mediano rango— sí enfrentarán consecuencias reales en EE.UU., eso no ocurrirá de inmediato. Las agencias estadounidenses tienen prioridades operativas más urgentes: desmantelar las redes logísticas que sostienen el tráfico de fentanilo y el huachicoleo.
La narrativa que coloca a los políticos corruptos como objetivo principal de la DEA, el Departamento de Estado o el Departamento del Tesoro es errónea en el corto plazo. No porque falten pruebas o voluntad, sino porque el combate contra los cárteles sigue una lógica estratégica: primero se desactiva la red, luego se va por los responsables visibles. La prioridad inmediata no está en el Congreso ni en los gobiernos estatales, sino en las estructuras criminales invisibles que cruzan fronteras, sobornan aduanas y filtran inteligencia.
La lógica de la guerra: primero la red, luego los jefes
Las estrategias de combate al crimen organizado, cuando son racionales y sostenidas, siguen un principio básico de guerra: primero se interrumpe la logística del enemigo, luego se eliminan sus mandos. Si se captura a un líder sin antes desarticular su red de apoyo, lo único que se logra es abrir el paso al siguiente relevo en la jerarquía criminal. El crimen organizado funciona como una hidra: se le corta una cabeza y nacen dos más si no se afecta el sistema que le da soporte.
Por eso, en el caso del fentanilo, Estados Unidos ha enfocado sus esfuerzos más recientes en interrumpir el flujo de precursores químicos, desmantelar laboratorios clandestinos y atacar las rutas de distribución, tanto en México como en la frontera. Lo mismo ocurre con el huachicoleo: el interés está en aduanas, ductos, infraestructura energética y funcionarios logísticos, no necesariamente en diputados o gobernadores. La meta no es la espectacularidad mediática de una lista negra de políticos, sino la efectividad operativa.
Las listas sí existen, pero son otras
Por supuesto que Estados Unidos tiene listas de personas investigadas por vínculos con el narcotráfico, incluyendo a políticos, empresarios, jueces y militares. Pero esas listas no son las que circulan en columnas de opinión ni en redes sociales, y su objetivo inmediato no es castigar, sino presionar al Estado mexicano.
Un ejemplo reciente es la revocación de visados a funcionarios, legisladores o exfuncionarios. El caso más visible ha sido el de Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, y su esposo Carlos Torres Torres, a quienes se les habría revocado la visa estadounidense en mayo de 2025. Sin cargos públicos ni declaraciones oficiales, el mensaje fue claro: presión indirecta sobre el entorno político sin romper formalmente la cooperación bilateral.
Más revelador aún es el caso de José Alberto Granados Fávila, alcalde morenista de Matamoros, quien fue detenido al intentar cruzar hacia Brownsville el 17 de abril de 2025. Fue interrogado por el FBI y la DEA, y se le revocó la visa por presuntas irregularidades ligadas al llamado “huachicol fiscal” —una modalidad de contrabando a través de facturación falsa. Este no es un caso simbólico, sino un eslabón operativo. Marca el tipo de perfil que realmente está bajo el radar.
Estos ejemplos no implican que haya una lista negra de políticos esperando ser extraditados mañana, pero tampoco significa que estén exentos. La estrategia de Washington es quirúrgica: los políticos con nexos serán llamados a cuentas, solo que después de cortar el flujo criminal que los sostiene.
Aduanas y contrainteligencia: los puntos neurálgicos
Dos áreas se consideran prioritarias para Estados Unidos en la lucha contra los cárteles en México: aduanas y contrainteligencia militar. No es casualidad que varias de las operaciones conjuntas más recientes —aunque discretas— se hayan centrado en puertos, cruces fronterizos y nodos logísticos.
El control aduanal es esencial para interceptar químicos, armas, dinero y drogas. Pero muchas de las aduanas mexicanas siguen cooptadas por redes criminales que no solo permiten el paso de contrabando, sino que protegen rutas específicas de los cárteles dominantes en cada región. Por ello, Washington ha puesto el foco en estructuras completas de corrupción, no en personajes individuales.
La otra gran preocupación es la filtración de inteligencia desde mandos militares, tanto en activo como en retiro. Mientras exista este sistema de contrainteligencia paralela, cualquier operativo binacional será filtrado antes de ejecutarse, lo que ha obligado a EE.UU. a actuar, en ocasiones, sin previo aviso al gobierno mexicano. Esto explica la creciente tensión entre el principio de cooperación y la desconfianza operativa.
Las consecuencias para la clase política: llegarán, pero después
Una vez que se logren los objetivos operativos prioritarios —la depuración de aduanas, inteligencia militar y logística— entonces sí vendrá una segunda fase de presión enfocada en la clase política. Ahí veremos, probablemente, la activación de procesos legales más agresivos, desde acusaciones selladas en cortes federales, hasta sanciones bajo la Ley Kingpin o incluso solicitudes de extradición.
No es una cuestión de si habrá consecuencias, sino de cuándo y en qué orden. Porque si primero se desmonta la red, los políticos quedarán expuestos, aislados y sin poder negociar salidas.
Conclusión: menos espectáculo, más inteligencia
Es comprensible que una sociedad lastimada por la impunidad quiera ver a políticos corruptos pagar por sus crímenes. Pero confundir deseo con diagnóstico es un error estratégico. Las verdaderas prioridades de la seguridad binacional no se definen en redes sociales, sino en salas de inteligencia, en mapas de riesgo y en matrices de flujo criminal.
Mientras el fentanilo siga matando a más de 70,000 estadounidenses al año, y el huachicol siga drenando recursos públicos en México, la prioridad será interrumpir la red, no castigar al político. Eso vendrá después, como resultado de una estrategia que entiende que los cárteles no son solo grupos armados, sino corporaciones criminales con logística, finanzas, protección política y contrainteligencia.
Por eso, antes de seguir haciendo quinielas, convendría mirar con más atención las aduanas, los ductos, los sistemas de inteligencia militar… y los silencios bien calculados de Washington.
