Con una dura crítica al sistema de justicia y un llamado urgente a las plataformas digitales, la activista Olimpia Coral Melo Cruz estremeció al Congreso de Puebla durante el Foro “Ley Olimpia”, donde denunció que la revictimización y la impunidad aún predominan en los casos de violencia digital.
“¿De qué sirve que nuestros agresores estén presos, si los videos íntimos siguen circulando?”, lanzó desde el recinto legislativo, donde recordó que ni siquiera las sentencias ni las órdenes de protección logran frenar el dolor de las víctimas.
La impulsora de la ley que lleva su nombre reveló que recientemente fue aprobada en Estados Unidos con 402 votos a favor y ya es una realidad en países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. En México, esta legislación existe desde 2019 y contempla penas de 3 a 6 años de prisión, que pueden llegar hasta 9 años si hay agravantes.
Pero, a pesar del marco legal, la justicia sigue sin llegar a muchas mujeres. Olimpia dio una cifra que ilustra la brecha: en todo el país sólo se han emitido 12 sentencias por violencia digital y solo dos en Puebla.
“Estamos viendo un fenómeno global que empieza a afectar también a México: contenidos sexuales creados digitalmente sin consentimiento y compartidos en redes sociales sin ninguna regulación. Esto solo perpetúa lo que yo llamo el ‘algoritmo patriarcal’, una estructura digital que refuerza la desigualdad de género”, señaló.
Además, reveló que se reunirá con la fiscal estatal Idamis Pastor Betancourt para proponer la creación de un protocolo especializado para víctimas de violencia digital, ante la falta de atención adecuada por parte de ministerios públicos y policías.
“Todavía llegan mujeres a los Ministerios Públicos y lo primero que hacen es inhibir, es volver a revictimizarla una y otra vez, tendré pronto una reunión con la fiscal general para manifestarle estas preocupaciones”, comentó.
La visita de Olimpia a Puebla no fue solo institucional. También vino a cerrar un capítulo personal: el próximo 21 de mayo asistirá a la última audiencia judicial por la agresión que sufrió en Huehuetla en 2024, cuando fue acosada y perseguida por varios hombres mientras transmitía en vivo.
La activista también alzó la voz para exigir que las plataformas digitales se responsabilicen por el contenido que permiten circular, ya que la persistencia de este material inhibe las denuncias y multiplica el daño.
