Qué gran labor está realizando la Fiscalía General del Estado, a cargo de Idamis Pastor Betancourt, quien anteriormente estuvo al frente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla.
En muy breve tiempo ha logrado desmantelar cuatros modelos de negocios camuflados en presidencias municipales.
El primer golpe lo dio el 7 de marzo, cuando, como resultado de tres carpetas de investigación, desmanteló el consorcio González Vieyra, conformado por los hermanos Uruviel, Giovanni y Ramiro, alcaldes, respectivamente, de Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires.
Dos meses después, Gerardo Cortés Caballero, presidente municipal de Cuautempan, tuvo que huir de su pueblo —al que malgobernaba por segunda ocasión—, luego de que la fiscal ordenó cateos a cuatro propiedades de este personaje.
Cosa curiosa: Cortés Caballero fue postulado en esta segunda ocasión por el Partido del Trabajo y Morena.
Lo normal es que un fiscal se vaya en contra de autoridades emanadas de partidos ajenos al gobierno estatal o federal.
Por eso llama la atención el caso de Gerardo Cortés.
Estas acciones han puesto muy nerviosos a otros alcaldes que, al tener los colores de Morena y los de sus aliados en sus gobiernos, se sentían intocables.
Blindados, en una palabra.
Es claro que la fiscal Pastor Betancourt no actúa bajo consignas políticas o partidistas.
Lo suyo —qué bueno— es combatir la inseguridad desoyendo las plegarias que los dirigentes de los partidos —a nivel estatal y nacional— seguramente le hacen.
Y en la foto de los que quedan muy mal en estas tramas, se encuentran las dirigencias de quienes apoyaron —a cambio de qué— a los hoy imputados: tanto prófugos como en prisión.
Detrás de algunas alcaldías hay probables implicados en las ventas de candidaturas.
Se hicieron en el pasado prianista.
Y se siguen haciendo.
(Movimiento Ciudadano, todo mundo lo sabía, fue un brutal modelo de negocios hasta hace poco. Y ya se ve que el PT también baila las calmadas).
En mi siguiente columna pondré algunos ejemplos de impunidad que se hacen al amparo de las presidencias municipales.
