La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Ángel N., alias “El Cuco”, presunto dirigente transportista ligado a la agrupación “28 de Octubre”, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
La detención de “El Cuco” representa un golpe directo a las estructuras de transporte pirata vinculadas a dicha organización, que han sido señaladas por operar de forma irregular en varias rutas del estado. Su captura y proceso judicial ocurren en medio de una estrategia estatal para desarticular a grupos que durante años han operado al margen de la legalidad en el servicio público de pasajeros.
Ángel N. fue aprehendido tras acreditarse su presunta participación en una agresión ocurrida el pasado 10 de marzo en el paradero conocido como “El Capulín”, en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, municipio de Puebla. De acuerdo con las investigaciones, en el contexto de un conflicto entre rutas del transporte público, el imputado y otros individuos golpearon brutalmente a dos hombres: uno de ellos perdió la vida y el otro resultó gravemente herido.
Durante la audiencia inicial, el Juez de Control encontró suficientes elementos para vincularlo a proceso y ordenó prisión preventiva como medida cautelar.
Además de este caso, Ángel N. enfrenta otro proceso penal por el homicidio de una mujer de 46 años en el municipio de Cuetzalan, ocurrido el 2 de octubre de 2013. Según la Fiscalía, junto a un cómplice identificado como Artemio N., atacó a la víctima con arma de fuego como parte de un conflicto personal con su familia. La orden de aprehensión por este hecho fue girada en enero de 2022 y ejecutada en mayo de 2024 en la Ciudad de México.
Ambos acusados fueron trasladados a Puebla, donde también se les dictó prisión preventiva oficiosa.
Con estas acciones, el gobierno estatal refuerza su estrategia contra el transporte irregular y los grupos que, bajo la protección de organizaciones históricamente combativas, han operado al margen de las normativas legales. La Fiscalía reiteró que mantiene abiertas ambas investigaciones y que seguirá actuando para garantizar justicia y restablecer el orden en el sistema de transporte público del estado.
