El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reveló que su administración tiene conocimiento del uso de unidades de transporte público, presuntamente vinculadas a organizaciones como la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, para actividades ilícitas como el transporte de fármacos y la comisión de actos delictivos.

Además, denunció una serie de irregularidades administrativas que incluyen la circulación de vehículos con placas sobrepuestas y conductores sin licencia.

Las declaraciones del mandatario se dieron en respuesta a la manifestación organizada por la UPVA “28 de Octubre” en la Vía Atlixcáyotl, en la que exigieron que se permita trabajar a taxistas sin concesión, conocidos popularmente como “piratas”.
Frente a esta protesta, Armenta aseguró que habrá diálogo, pero siempre con apego a la ley, dejando claro que su gobierno no se dejará sorprender por quienes buscan evadir las normativas estatales.

El mandatario estatal manifestó que su administración no actúa con desconocimiento de la situación y tiene un análisis detallado de las organizaciones y su funcionamiento.
“Conozco su historial, sus fortalezas y debilidades, su sustento moral —o la falta de este— en algunos casos. La hipótesis de que el gobierno actúa sin información no cabe. La presunción de que me van a sorprender tampoco cabe”, afirmó tajantemente.

Con este posicionamiento, el gobernador dejó en claro que no permitirá que las organizaciones del transporte operen al margen de la ley y apuntó que su gobierno no cederá a presiones de grupos que buscan legalizar prácticas fuera del marco normativo.
El conflicto se detonó tras la protesta de integrantes de la UPVA “28 de Octubre”, quienes bloquearon la Vía Atlixcáyotl, una de las principales vialidades de la ciudad, para exigir el reconocimiento y regularización de taxistas pirata, argumentando que son trabajadores que buscan una fuente de ingresos ante la crisis económica.