Tiene más de 22 años que se implementaron los exámenes de control de confianza a los cuerpos policiales. Sin embargo, han sido mal aplicados y no han cumplido con los objetivos que se plantearon, uno de ellos es detectar a los elementos que no tienen el perfil para desempeñar el puesto en el que están.
Hemos de mencionar que, según la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se tiene contemplado como obligatorio que todas las personas que laboran dentro del área de la seguridad pública deben pasar dicha certificación, y consta de cinco elementos: psicología, poligrafía, médico, toxicológico y el análisis socioeconómico. En este sentido, como se tiene que evaluar a todos los que pertenecen al sistema de seguridad pública, es decir, custodios, ministerios públicos, policías ministeriales, estatales y municipales, las pruebas resultan altamente costosas y hacen que sea sumamente lento el proceso.
En un estudio de Causa Común ninguna de las entidades cumple con los estándares mínimos en cuanto a los ejes señalados en la LGSNSP: carrera policial, profesionalización, régimen disciplinario, certificación y seguridad social. Esto representa que las corporaciones policiacas presentan grandes deficiencias en materia de desarrollo policial y obliga a los tres órdenes de gobierno a que implementen urgentemente una serie de medidas que puedan mejorar dicho escenario.
Es menester señalar las grandes deficiencias laborales que tienen que sufrir los policías a la hora de cumplir con su labor. No cuentan en muchas ocasiones con chalecos antibalas, transportes antibalas, armas en muy mal estado, escasez de municiones, pésimos salarios, en ocasiones tienen que comprar su propio equipo y/o reparar sus vehículos de trabajo con recursos personales. Esta situación que viven los elementos policiales incide claramente en su desempeño laboral, lo cual puede verse en la falta de capacidad que han venido mostrando en diferentes ciudades del país, donde se han dado varios eventos violentos, asesinatos terribles, lo cual nos genera una percepción sumamente negativa sobre la seguridad: los delincuentes están ganando los espacios públicos, mientras que la sociedad tiene que guarecerse en su casa para no sufrir alguna situación que ponga en peligro, incluso, su vida.
De tal manera que los policías han optado por irse a paros, organizar manifestaciones para que su voz se haga escuchar y, sobre todo, la sociedad pueda conocer la realidad que se vive al interior de las corporaciones policiacas y por tal motivo no estén en condiciones de brindar una mejor seguridad a la población.
Hemos de señalar que, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 1 de agosto de 2024, en Puebla hubo 15 paros, cuatro emplazamientos y 16 manifestaciones. Simplemente, el año pasado, 2024, en Puebla fueron siete paros de labores policiacas y hubo un emplazamiento de paro, con lo que se convirtió en la tercera entidad donde se registraron más protestas de efectivos. Y en lo que va de este año, el estado se ha convertido en el segundo lugar en protestas de policías. Esta situación evidentemente incide en una menor protección de la población en materia de seguridad y crea una atmósfera más benigna para la delincuencia.
Es necesario incrementar los presupuestos a la policía estatal y municipal; dotarlas de las herramientas necesarias para que puedan enfrentar a los delincuentes comunes y a los del crimen organizado; brindarles un salario digno; regular sus horarios de trabajo y que se cumplan con los ejes señalados en la LGSNSP. El gobernador debe priorizar la seguridad de la población.
Es hora de que los gobiernos estatales, inviertan en sus academias de policía y procuren la certificación de sus elementos, incrementando los sueldos, otorgándoles mejores seguros de vida, dotándolos de armas nuevas, equipo de protección y mejores patrullas con gasolina pagada por el estado, sectorizar las zonas de vigilancia y privilegiar la cercanía del policía de barrio, quizás con estos pequeños pasos, la seguridad pública retome indicadores positivos.
