La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la alerta migratoria emitida contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, es parte del proceso legal en su contra y corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR).
Sheinbaum subrayó que su administración no está involucrada en el caso, ya que la investigación contra Aureoles se inició hace varios años a partir de una denuncia.
“Es un asunto de la Fiscalía, no del Gobierno federal”, declaró la mandataria.
El exgobernador de Michoacán enfrenta acusaciones por presuntos delitos de peculado, administración fraudulenta, operación con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. La FGR ha mantenido bajo reserva los detalles del proceso, pero se ha confirmado la emisión de una alerta migratoria para evitar que Aureoles abandone el país.
Hasta el momento, no se ha confirmado su detención, aunque en los últimos días se han realizado operativos en Michoacán y otros estados relacionados con la investigación.
El exmandatario estatal ha negado las acusaciones en su contra, asegurando que se trata de una persecución política. Mientras tanto, la FGR continúa con las diligencias para determinar su responsabilidad en los delitos señalados.
En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el proceso de desafuero contra el exgobernador de Morelos y actual diputado federal, Cuauhtémoc Blanco, debe resolverse con base en pruebas y no por razones políticas.
Blanco enfrenta acusaciones de presunto abuso sexual en contra de su media hermana, Nidia Fabiola N., además de investigaciones por presuntos actos de corrupción durante su gestión en Morelos. La Fiscalía General del Estado (FGE) ha solicitado su desafuero para que pueda ser procesado legalmente.
Sheinbaum subrayó que su administración “no encubrirá a nadie” y que corresponde a las autoridades competentes realizar una investigación exhaustiva y transparente.
“Lo importante aquí son las pruebas y el debido proceso, no cuestiones políticas”, declaró la mandataria.
El procedimiento de desafuero ha enfrentado retrasos en la Cámara de Diputados. La Sección Instructora, controlada por Morena y sus aliados, ha postergado varias veces la discusión sobre el juicio político, argumentando la necesidad de notificar al acusado y revisar la documentación presentada por la Fiscalía de Morelos.
Hasta el momento, Cuauhtémoc Blanco ha negado las acusaciones en su contra y sostiene que se trata de una persecución política. Sin embargo, el caso sigue en proceso y su resolución dependerá de la evaluación de las pruebas presentadas ante el Congreso.
