La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló nuevamente severas irregularidades en la Cuenta Pública 2023 del Ayuntamiento de Puebla bajo la administración de Eduardo Rivera Pérez, al detectar un daño patrimonial de 184.1 millones de pesos, además de que tendrá que aclarar el uso de 1.9 millones de pesos más.
En total, el último año de gestión de Eduardo Rivera en la Comuna generó un monto de 186.1 millones de pesos sin aclaración, que corresponden a casi la mitad del presupuesto auditado por la ASF, que fue por un monto de 416.6 millones de pesos en la Cuenta Pública 2023.
Según el informe, se presumen cuatro posibles daños patrimoniales por inconsistencias que van desde pagos injustificados de paquetes alimentarios, falta de documentación de la prestación de servicios de agua potable, falta de evidencia de carga de combustible a vehículos de la flotilla municipal, así como la carencia de actas constitutivas de diversas empresas contratistas para obra pública.
CUATRO POSIBLES DAÑOS PATRIMONIALES
El monto más alto de posible daño patrimonial identificado por la ASF fue por 122.1 millones de pesos, derivado de inconsistencias en la documentación y la falta de evidencia en diversos contratos. Uno de los principales hallazgos está relacionado con un contrato, en el cual no se presentó evidencia documental oficial sobre la carga de combustible en vehículos del municipio.
No hubo bitácoras formalizadas que indicaran qué vehículos realizaron el consumo, las fechas, los recorridos efectuados ni el volumen de combustible utilizado. Tan sólo esta grave omisión representó un monto observado de 62.8 millones de pesos, recursos que no cuentan con sustento físico ni documental.
Las irregularidades también se extienden a la adquisición de equipo tecnológico: en el contrato 165372, la ASF detectó que no se presentaron actas de entrega-recepción, inventarios, reportes fotográficos ni resguardos de los bienes adquiridos, lo que representó una observación de 9.3 millones de pesos, que podrían haber sido destinados a compras ficticias o desviado para otros fines.
De igual forma, en el contrato 168177, se evidenció la ausencia del acta de entrega-recepción del licenciamiento de un software, documentación que acreditara la transferencia de conocimiento y capturas de pantalla del software adquirido. La falta de estos elementos representó una observación de 3.4 millones de pesos, una situación que sugiere opacidad y posible desfalco en adquisiciones tecnológicas.
Otras irregularidades incluyeron que no se presentaron listas de asistencia firmadas de cursos impartidos, los reportes fotográficos fueron insuficientes y no se entregó el acta de recepción de las capacitaciones, lo mismo que no hubo actas de entrega-recepción de mantenimientos del parque vehicular y reportes fotográficos antes y después del servicio.
Otro daño patrimonial se relaciona con el pago del suministro de agua en 64 inmuebles del municipio. La ASF revisó un expediente relacionado con gastos diversos por 8.5 millones de pesos, financiados con recursos de participaciones federales.
Durante la auditoría, el Ayuntamiento presentó facturas y transferencias bancarias, pero no documentación que acreditara la prestación del servicio en los inmuebles mencionados, dejando un hueco administrativo que comprometió el destino de los recursos públicos.
Entre las principales irregularidades dentro de este segundo daño patrimonial, se encuentra que, en el expediente S/N-1, no se anexaron listas del personal al que se le depositó la nómina. Asimismo, en la entrega de paquetes alimentarios dentro del mismo expediente, no se presentó el acta de entrega correspondiente a septiembre ni las listas del personal beneficiado.
Otra de las inconsistencias se encuentra en el Convenio de Marco de Colaboración para Fortalecer la Seguridad Alimentaria con la Fundación de Beneficencia Privada Banco de Alimentos Cáritas Puebla, en cuyo caso, la ASF señaló que no hubo evidencia documental de la supervisión ni se especificaron las cantidades adjudicadas.
Por otro lado, en el expediente S/N-4, las evidencias presentadas sobre la clausura de un festival incluyeron reportes fotográficos, pero no se detallaron los bienes, equipos o instrumentos proporcionados para la actividad artística, mientras que en el caso del manejo de desechos, la ASF identificó que no se anexaron documentos que acreditaran la conciliación de volúmenes con las empresas Resa y Promotora la Laguna.
Un tercer daño patrimonial fue por un monto de 28.9 millones de pesos por el manejo de nóminas, la distribución de alimentos y la supervisión de programas sociales. Entre las irregularidades destacan 7.4 millones de pesos sin justificar en pagos de sueldos, así como 8 millones de pesos destinados a la compra de paquetes alimentarios sin pruebas de seguimiento.
Las inconsistencias también alcanzaron a la obra pública, donde, a pesar de que se licitaron 16 contratos por más de 196 millones de pesos, en varios casos no se presentaron actas constitutivas de las empresas contratistas ni garantías de vicios ocultos. Además algunas obras carecieron de documentación que respaldara la suspensión de los trabajos, lo que dejó abierta la posibilidad de anomalías en la ejecución de los recursos.
En el área cultural, el reporte fotográfico de actividades artísticas no permitió comprobar la entrega de bienes ni la correcta ejecución de los contratos, mientras que los registros de recolección de desechos presentaron inconsistencias en volúmenes y evidencias fotográficas insuficientes.
El cuarto daño patrimonial de 24.4 millones de pesos detalla diversas irregularidades, incluyendo la falta de documentación y el incumplimiento de normativas en la ejecución de contratos de infraestructura. Entre las anomalías más graves, la ASF identificó que varias actas de extinción de obligaciones carecían de fecha de elaboración.
Además, en los contratos OP/LP005/SMIMP-2023-26261 y OP/LP052/SMIMP-2023-26301, no se presentó el reporte fotográfico de las obras en operación, lo que impidió corroborar su correcta ejecución. Otras observaciones incluyeron la ausencia de facturas, pólizas y comprobantes bancarios en contratos específicos, así como la falta de acreditación de propiedad y padrón de beneficiarios en la ejecución de ciertos proyectos.
