A través de un pronunciamiento unánime, la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (CONAGO), manifestó su apoyo a las reformas constitucionales impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la soberanía nacional y endurecer el combate contra el tráfico ilegal de armas en el país.
Las iniciativas propuestas por la presidenta de México, incluyen cambios a los artículos 19 y 40 de la Constitución, con el propósito de reafirmar a México como una nación independiente y soberana, además de establecer sanciones más severas contra quienes participen en el tráfico de armamento ilegal.
“Esta medida refuerza las penas contra individuos y extranjeros implicados en la fabricación, comercialización y distribución de armas ilegales, enfrentando un problema que ha causado un grave impacto en nuestras comunidades”, destacó la CONAGO en su comunicado oficial.
Asimismo, el organismo apuntó que las reformas buscan consolidar la autonomía del país y evitar cualquier tipo de injerencia extranjera que pueda comprometer su integridad territorial o procesos democráticos.
El respaldo a estas iniciativas fue expresado por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, junto con los mandatarios estatales de las 32 entidades federativas, quienes coincidieron en la necesidad de reforzar el marco legal en materia de seguridad y soberanía.
Como parte de su agenda legislativa, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará ante el Congreso una propuesta para modificar la Constitución y fortalecer la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Esto se da en el contexto de la reciente clasificación de seis grupos delictivos mexicanos como organizaciones terroristas globales por parte de Estados Unidos,de los cuales tres operan en Puebla.
Los cambios propuestos en los artículos 19 y 40 establecerían que México no permitirá intervenciones extranjeras que comprometan su soberanía, incluyendo injerencias en elecciones o violaciones a su territorio.
Además, la reforma contempla sanciones más estrictas y prisión preventiva oficiosa para quienes participen en delitos relacionados con terrorismo y tráfico de armas.
