El trabajo del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Héctor Sánchez Sánchez está manchado de dudas, de posibles actos de corrupción, de opacidad, de complicidad y todo ello porque su comportamiento al frente del Poder Judicial ha sido como el de un gendarme de barrio quien, mientras se comete un crimen frente a él, silba una canción, mira la luna y juega con un tolete en la mano.
Simplemente, mientras asaltan, violan o agreden a un ciudadano no ocurre nada frente a sus narices.
El escándalo de Miriam —dado a conocer por Miguel Barbosa en su conferencia de prensa mañanera—, puso en evidencia lo que todos sabemos, sufrimos y hasta somos cómplices por omisión: el sistema de justicia está putrefacto.
Hemos normalizado la corrupción de los jueces. Sabemos que aplicando el famosísimo “artículo 500” (darle dinero al secretario de algún juzgado) nos ayudará a agilizar los trámites.
No es la primera vez que se cuestiona el trabajo de Héctor Sánchez. Al inicio de este sexenio, por ejemplo, Paulette Castro Andrade acudió al martes ciudadano a denunciar que su expareja Alejandro Vivas Calvo (primo de Alberto Vivas, exfuncionario del gobierno de Tony Gali) y su abogada Paola Guyot González, quien supuestamente trabajaba en el despacho personal del presidente del TSJ, la amenazaron después de encarcelar injustamente a su hermano y a su cuñada.
Ella dejó un escrito en Casa Aguayo en el que denunció que su exnovio Vivas Calvo alardeaba de las influencias de su primo Alberto Vivas y los nexos de amistad que sostenía con Sánchez Sánchez.
Paulett Castro sostuvo sus acusaciones porque, en ese momento, el Tribunal Superior de Justicia, ignoraba sus quejas. Ella descubrió que la abogada de Vivas era empleada del despacho personal de Héctor Sánchez y porque la Policía Ministerial detuvo a su cuñada y a su hermano, sin deberla ni temerla.
Los acusaron injustamente de robo de una camioneta, sin que hubiera pruebas de por medio.
La reciente denuncia de Miriam, quien fuera abusada sexualmente, solo es la punta del iceberg de lo que ocurre en todo nuestro sistema de justicia. Cuántas veces hemos escuchado que una mujer va a denunciar porque fue violada, acosada, amenazada o chantajeada y tanto en las fiscalías como en los juzgados no les hacen caso u ocurren situaciones peores: son revictimizadas por las propias autoridades.
“Seguro tú lo provocaste”, le dice la o el agente del Ministerio Público.
¿A poco nunca han escuchado historias de mujeres que son golpeadas por sus maridos y que van a presentar una denuncia penal y no son atendidas? Muchas de las denunciantes se cansan de esperar y se van.
En la historia de Puebla es la primera vez que un gobernador pone en duda el trabajo del Poder Judicial. Este hecho es un acto de valentía porque los jueces han sido intocables. Cuando termina un sexenio se cuestiona siempre al Ejecutivo, pero el titular del Judicial queda impune.
Es un hecho histórico que es de reconocerse.
Sólo ha sido en la prensa que nos hemos enterado de cómo operan jueces y magistrados, por las denuncias de particulares que hacen llegar.
No obstante, muchas de esas acusaciones no trascienden el papel y la tinta.
Si algo se llega a mover es más por la presión social pero nunca por la ética entre los abogados.
Hemos visto cómo se elige a los togados y sus posiciones de magistrados se obtienen más por complicidades y por premios del gobernador que por talento. Ahí está el ejemplo de Roberto Grajales Espina, premiado por Rafael Moreno Valle y su papel ha sido más gris que un día frío en enero.
Hay un libro llamado El abogánster (Planeta, 2014) de Eugenio Aguirre, que es la biografía del abogado Bernabé Jurado, amigo y cómplice de periodistas como Carlos Denegri, El Güero Téllez y El Duque de Otranto. En ella se relata la forma más sucia de ejercer la abogacía: fraudes, estafas, encubrimiento de violaciones a mujeres, asesinatos, y hasta la manipulación de centrales obreras CROM, CROC y CTM.
Esa novela biográfica es el ejemplo de lo que heredamos los mexicanos en nuestro sistema de justicia.
Ojalá que el caso Miriam, además de que se esclarezca y se haga justicia a su favor, limpie el Poder Judicial Estatal. Lo que ha hecho el gobernador no debe quedar en el olvido, puesto que acaba de reescribir la historia de Puebla al cuestionar, con sustento, el trabajo de los abogados.
