Ser oposición es más difícil que ser gobierno. No es cuestión de disponer recursos y estructura gubernamental, que ello ayuda mucho, pero no lo es todo.
El partido, que, al término de la elección, cierra las puertas de sus oficinas y se van de vacaciones, está condenado a ser oposición, ineficiente para sí misma, inútil para todos. Se tendrá que acostumbrar a vivir de las migajas que el partido que gobierna quiera darle. Tendrá que aceptar que su militancia disminuye y se hace poco solidaria de los objetivos del partido.
Con el tiempo, faltos de entrenamiento para pelear, faltos de condición por no hacer ejercicio político todos los días, su raquítica importancia en el mercado electoral irá descendiendo. Pregúntele al PRD, que ya no existe en 17 estados, más de la mitad de los que integran los Estados Unidos Mexicanos. Espero unos meses más para preguntarle al PRI.
La triste historia de la oposición, en México, así se ha construido. Triste, pero no injusta, porque son los partidos perdedores los que creen que la responsabilidad de defensa de los intereses de sus militantes o simpatizantes son obligación única del partido que ganó y gobierna.
Mediocre, también, el desempeño en la legislatura, único lugar, donde, por momentos, se oponen a los dictados y caprichos del partido hegemónico. No se aprecia una oposición sistemática, con proyecto de gobierno alternativo. Tampoco se demuestra una gestión permanente de las demandas de quienes, al menos en la elección, representaron.
Los electores se dejan a merced de quien manda. Eso tarde o temprano, fomenta dictadura. Es, por muchos lados que se analice, una irresponsabilidad política que termina formalizando complicidad.
Y por toda esa ineficiencia, los electores que contribuimos pagando impuestos, tenemos que pagar mucho dinero. De acuerdo con la ley, pero quienes pagan son los electores. Nos salen muy caros, porque así, sin hacer nada, sin atender ni representar a ninguno, se les sigue dando una bolsa de dinero, enorme, cada año. Y si el pueblo les paga por no hacer nada, pues lo único bonito de la oposición es disfrutar, disponer del dinero de los impuestos para hacer nada. Buen negocio.
¿Hasta cuando, los partidos perdedores, seguirán costando oportunidades de lucha, simulación democrática y dinero, mucho dinero? Va para largo, es un buen negocio para los que pierden y mejor, para el que gana.
Tan solo, estas elecciones, tendremos que pagar 667 millones, máximo, por cada candidato a la presidencia de la República. Serán tres, algo así como 2 mil un millones de pesos. Más mil 677 millones por comprar 128 Senadores y 661 millones por 300 diputados federales. 19 mil 339 millones de pesos. A eso agregarle lo que en cada estado costarán los diputados locales y los ayuntamientos que se renovarán y nueve nuevos gobernadores.
Mucho dinero, los nuevos representantes populares y gobernantes, nos costarán mucho dinero, en un país que se transforma y que ha alojado en la austeridad su verdadera lucha contra la corrupción, que dijeron, iban a erradicar.
En el sistema democrático nacional, se considera a los partidos políticos como organización de interés público. Se les atribuye un funcionamiento indispensable para el ejercicio de las decisiones de los electores y se les autoriza como “representantes” legalmente autorizados para representar al pueblo. Nada más alejado de la realidad.
La democracia mexicana vive en un mar de corrupciones. La mayoría de los partidos no representan a nadie, las elecciones solo son requisito para llegar a gobernar. El régimen de competencia entre los partidos se convirtió en una sociedad mercantil y los partidos deben su existencia a la caridad de los partidos grandes, en una paradoja, donde el partido grande necesita al chico y los chicos a los grandes. Una asociación perniciosa, donde todos ganan, menos los electores.
La transformación que se pretende, debería empezar por respetar el derecho a la vida política de los ciudadanos, que requieren partidos que los representen, luchen por sus intereses y no se adhieran corruptamente al que manda. Pero, sobre todo, no deben costar dinero al pueblo que produce impuestos.
