La migración de poblanos a Estados Unidos no es un fenómeno reciente ni pasajero; es un entramado vital que conecta a miles de familias, comunidades y regiones enteras con la esperanza y la oportunidad, porque nuestros paisanos van a trabajar allá para enviar dinero y sostener a sus familias acá. Estos envíos, en 2024, colocaron a Puebla en un récord histórico al recibir 3,366 millones de dólares en remesas, un incremento del 7 % respecto al año anterior.
Este flujo de recursos representa más del 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) estatal y es esencial para el sustento de muchas familias en municipios de alta marginación, como Acatlán. Sin embargo, este vínculo esencial está amenazado por un muro invisible: el arancel propuesto por el presidente Donald Trump sobre las remesas enviadas a México.
El impuesto del 3.5 % sobre las remesas enviadas por migrantes indocumentados, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, afectaría principalmente a migrantes mexicanos, quienes en 2024 enviaron más de 62,500 millones de dólares a México, representando el 3.5 % del PIB del país.
Si se implementa este arancel, se estima que las familias mexicanas perderían aproximadamente 2,188 millones de dólares al año. En Puebla, esto significaría una pérdida de 117 millones de dólares anuales, que disminuirían la alimentación, la educación, la salud, la vivienda y el emprendimiento local, de familias de por sí muy pobres.
Además del posible arancel, los poblanos ya pagan altos costos por enviar dinero. En promedio, enviar 350 dólares cuesta 5.88 dólares en comisiones, es decir, un 1.68 % del envío. Esto significa que solo en 2024 se perdieron más de 1,000 millones de dólares en comisiones a nivel nacional, una cifra que se vería agravada si se impone el nuevo arancel.
Las remesas no solo son dinero; son el sustento diario, la educación de los niños, el acceso a servicios médicos y la inversión en pequeñas empresas y proyectos comunitarios. Con un arancel del 3.5 % sobre estas transferencias, las familias poblanas verían reducidos sus ingresos en cientos de millones de dólares, agravando la pobreza y frenando el desarrollo regional.
Este “muro invisible” no se levanta con ladrillos ni acero, sino con políticas que desconocen y desvalorizan el esfuerzo de miles de migrantes poblanos que, lejos de abandonar su tierra, la sostienen con su trabajo y sacrificio diario desde el extranjero. Es urgente derribar este nuevo muro, respaldar desde acá a nuestra comunidad migrante, para que las autoridades norteamericanas garanticen sus derechos y protejan el flujo de remesas como un pilar fundamental para el bienestar de Puebla.
Al final, separar a los migrantes de su futuro en México es cerrar la puerta a la esperanza y al progreso que ellos mismos construyen desde lejos.
No todos los muros se ven ni se tocan, pero sí se sienten sus impactos negativos. Este nuevo muro se construye con decisiones lejanas y leyes que rompen la esperanza de miles de familias poblanas. Que nuestro silencio, nuestra omisión, no contribuya a construirlo.
