Para algunos, la Democracia es un jugoso negocio. Para muchísimos, es una factura de elevado costo, en muchos sentidos. Para todos es un reto que atenta contra la inteligencia común y corriente que se pregunta ¿por qué tenemos que pagar por comprar un candidato o conseguirle un puesto de trabajo? A eso equivale el gasto público para que la democracia funcione.
Como sea, es el pueblo, el bueno y el fifí, juntos, que no revueltos, el que paga sus costos y asume sus riesgos.
En los años de ir y venir por estas veredas, aprendí que para que alguien participe en una elección, requisito inicial de la democracia, debería tener dinero, propio o ajeno. Hay quienes afirman, con toda la autoridad, que político pobre es un pobre político. A lo mejor tienen razón.
En lo que no la tienen, es en los elevadísimos costos que, financiados en su mayor parte por los impuestos que pagamos los mexicanos, constituyen una afrenta para quienes, todos los días tienen que rifársela para conseguir el alimento, la casa, la ropa, etc.
El costo de la democracia en el país da coraje y miedo.
Coraje porque lo pagamos los mexicanos y las mexicanas. Miedo porque muchos habíamos pensado que no tendría remedio.
La austeridad, una de las mejores estrategias del presidente López Obrador, nos sugiere entender uno de los rasgos más sobresalientes de la posible Reforma Electoral que viene proponiéndonos: hacer, por fin, que el costo de la democracia sea mínimo o nulo.
Es cierto que también es la austeridad uno de los pilares más exitosos en la lucha contra la corrupción.
Los políticos profesionales tienen derecho a serlo, los partidos políticos son también de interés público, pero no deberían serlo con cargo a los impuestos.
El proceso electoral, antes, durante y después de las elecciones tiene, también que ser más barato.
Los salarios de los consejeros, ni duda cabe, deben ser equivalentes a lo que gana cualquier profesionista titulado y experto.
La dieta o salario de los legisladores también sobresale los límites del ingreso normal de un profesional titulado.
Reducir el gasto público en todo el funcionamiento de la democracia es una necesidad real y deseable en un país donde la mitad de sus habitantes habita en la pobreza real.
Y si, en ese sentido, viene la reforma electoral de estos días, entonces es pertinente y conduce a recuperar espacios de dignidad y respeto a la circunstancia vital de la mayoría de nuestros paisanos y paisanas.
Sigo pensando que el instituto electoral no necesita substituirse como institución. Los funcionarios van y vienen y no pasa ni debe pasar nada. Elegirlos por elección abierta no es una intención fuera de lugar. Pero en este país de experiencias en manipulación de procesos abiertos, donde las lealtades irán a partidos o a coaliciones y no a proyectos colectivos, la duda de su eficiencia social y política, puede aparecer y motivar incredulidad, ilegitimidad y desconfianza.
Sigue siendo la honestidad, el referente indispensable para innovar o reconstruir la autoridad electoral y cierto es que no hay ni hombre ni mujer ideológicamente neutro ni puro.
La reforma, aunque por caminos distintos en términos de ingeniería legal, se dará. Acredita también la tenacidad del presidente Andrés Manuel, que ya ha dado evidencias suficientes de que cree en sus causas, en su capacidad de convencimiento y de inducción, quien seguirá sorprendiendo a todos y poniendo a prueba a todos.
