En una histórica decisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este miércoles la liberación inmediata y absoluta de Juana Hilda González Lomelí, quien llevaba casi dos décadas en prisión, acusada del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la empresaria y activista Isabel Miranda de Wallace, fallecida recientemente.
La resolución, aprobada por mayoría en la Primera Sala, concluye que González Lomelí fue torturada por agentes ministeriales para autoinculparse, y que las pruebas utilizadas en su contra fueron obtenidas de manera ilícita. El proyecto fue presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien señaló que el caso constituye uno de los ejemplos más graves de fabricación de culpables en la historia reciente de la justicia mexicana.
Una sentencia que marca un antes y un después
La Corte determinó que durante su detención, en 2006, González fue víctima de graves violaciones a derechos humanos, incluyendo tortura física, amenazas y ausencia total de garantías procesales. Se resaltó también que las investigaciones fueron guiadas no por criterios jurídicos, sino por la influencia pública de Isabel Miranda, quien impulsó el caso a través de su organización Alto al Secuestro y una intensa campaña mediática.
La resolución pone fin a uno de los casos más polémicos de la última década, al tiempo que deja abierta la puerta a la revisión de otros procesos vinculados a la misma causa, en la que también están implicadas otras personas presuntamente torturadas.
La SCJN desafía a la Fiscalía y resuelve antes del cambio de Corte
La sentencia se emite a pocos meses del relevo total en la Suprema Corte, que en septiembre será integrada por los nuevos ministros electos por voto popular. Pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) había solicitado aplazar la votación para que la nueva Corte decidiera el caso, los actuales ministros optaron por resolver antes del cierre de su periodo, resistiendo presiones políticas y reafirmando su independencia.
Uno de los ministros votantes calificó la intervención de la FGR como una “intromisión indebida en la autonomía judicial”, y destacó la necesidad de corregir errores históricos cometidos por el sistema penal mexicano.
Impacto y consecuencias
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Juana Hilda González Lomelí será liberada de inmediato, tras casi 20 años de reclusión por un delito que, afirma la Corte, nunca cometió.
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La defensa de González anunció que buscará la reparación integral del daño, tanto a nivel nacional como ante instancias internacionales.
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Diversas organizaciones de derechos humanos celebraron la sentencia como un triunfo del Estado de derecho, y pidieron revisar otros casos relacionados.
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La resolución podría provocar investigaciones penales contra los agentes ministeriales y funcionarios que participaron en la fabricación de pruebas, así como contra quienes encubrieron los actos de tortura.
Un caso emblemático de justicia fallida
El llamado “caso Wallace” ha sido objeto de denuncias desde hace años. Diversos periodistas y defensores de derechos humanos habían documentado indicios de irregularidades, tortura, y manipulación mediática. Sin embargo, el peso político de Isabel Miranda impidió durante largo tiempo una revisión judicial.
Con esta resolución, la SCJN no solo revoca una condena injusta, sino que cuestiona de forma directa el uso del poder y la fabricación de delitos como mecanismo de castigo político y social.
