El opositor venezolano Enrique Márquez, quien fue candidato presidencial en las elecciones de 2024, recuperó su libertad el jueves tras permanecer un año detenido como preso político, en un caso que se convirtió en símbolo de la crisis institucional posterior a los comicios que ratificaron el tercer mandato de Nicolás Maduro.

Márquez fue arrestado meses después de negarse públicamente a firmar el acta oficial que avalaba la victoria de Maduro, durante una ceremonia transmitida por la televisión estatal en Caracas. En ese acto, al que asistió el propio mandatario, el entonces candidato opositor denunció que el proceso electoral violaba disposiciones de la legislación venezolana, pese a la existencia de recuentos electorales que mostraban una derrota del oficialismo.

Las irregularidades electorales señaladas por Márquez coincidieron con análisis independientes y con verificaciones técnicas realizadas por especialistas, quienes confirmaron la autenticidad de los datos recopilados por la oposición. Aun así, el Consejo Nacional Electoral refrendó el resultado oficial, lo que profundizó el clima de desconfianza y la desilusión democrática en el país.

Tras su detención, Márquez fue acusado por el gobierno de planear un golpe de Estado, aunque nunca fue condenado. Permaneció recluido en El Helicoide, sede de la policía secreta venezolana, hasta su liberación junto con otros siete presos políticos, en lo que se considera la primera acción concreta del gobierno interino que asumió el poder después de la destitución de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

A su salida, Márquez se reencontró con su esposa en Caracas, en un momento captado en video y difundido por el sindicato de prensa venezolano. El dirigente opositor es ingeniero eléctrico, originario del estado Zulia, y fue legislador de un partido centrista antes de su candidatura presidencial.

Durante la campaña de 2024, su postulación —impulsada por el partido Centrados en la Gente— fue criticada tanto por el oficialismo como por sectores de la oposición, que lo acusaron de dividir el voto. Márquez reconoció entonces que no tenía posibilidades reales de ganar, pero defendió su participación como una vía para mantener presencia opositora en la boleta electoral ante el riesgo de inhabilitación de la principal coalición contraria al gobierno.

Tras la votación, Márquez y sus aliados entregaron a la campaña de María Corina Machado los resultados de los centros de votación que observaron —alrededor del 8 % del total—, información que fue clave para documentar el presunto fraude electoral.