La iniciativa plantea la reparación del daño independientemente de la no aceptación de las recomendaciones que emita la Comisión de Derechos Humanos

Durante la sesión de la Comisión Permanente se dio cuenta de iniciativas para modificar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y el Código Penal.

Con el objetivo de garantizar la reparación integral del daño ante violaciones a derechos humanos, el diputado Eduardo Alcántara Montiel presentó una iniciativa para adicionar el artículo 48 Bis a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

En sesión de la Comisión Permanente de la LXI Legislatura del Congreso del Estado se presentó la iniciativa, la cual plantea que, si la autoridad o servidor público no acepta la recomendación, se hará saber tal circunstancia a la opinión pública y deberá notificarlo por escrito a la Comisión.

Además, independientemente de la no aceptación de la recomendación, la Comisión exigirá a la autoridad responsable la reparación integral del daño a las víctimas, de conformidad con la Constitución, el principio pro persona y los tratados internacionales.

En Tribuna, el diputado explicó que, si la autoridad o servidor público responsable de la reparación integral del daño a las víctimas fueran omisos de realizar dicha reparación, serán sujetos de un procedimiento de determinación de responsabilidades en términos de la Ley de la materia.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y resolución procedente.

Durante la sesión, la Comisión Permanente dio cuenta de los siguientes puntos:

La iniciativa de la diputada Patricia Valencia Ávila para adicionar las fracciones XXIV Bis y la XXIV Ter al artículo 6 Bis de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla, con el objetivo de armonizar la legislación local con la federal.

Plantea considerar discriminación el impedir, negar, restringir o condicionar el acceso de las personas con discapacidad a establecimientos públicos con asistencia humana, animal o cualquier otro medio técnico, electrónico, o tecnológico que la ciencia aporte; así como obstruir cualquier medida de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público y demás elementos destinados a la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad para su estudio y resolución procedente.

Asimismo, se dio cuenta de la iniciativa de la diputada Nancy Jiménez Morales para reformar la fracción I del artículo 357 del Código Penal del Estado, con la finalidad de sancionar con uno a tres años de prisión y de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a todo aquél que apoye a difundir acciones o expresiones verbales y/o escritas, de cualquier tipo, tendientes a denostar la dignidad de las personas, con base en odio, violencia o discriminación.

Además, la iniciativa del diputado Oswaldo Jiménez López para adicionar un párrafo quinto al artículo 470 del Código Penal del Estado, con el objetivo de establecer que, en caso de que el delito de violencia animal sea cometido por un médico veterinario zootecnista, las sanciones previstas para el mismo se incrementarán hasta una mitad, además de que al sujeto activo se le suspenderá su cédula profesional por diez años, para ejercer su profesión.

Las iniciativas de la diputada Nancy Jiménez y del diputado Oswaldo Jiménez fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.