La propuesta detalla que, en el caso de los municipios que cuenten con alta tasa migratoria, contarán con un regidor migrante, mismo que deberá tener residencia efectiva o binacional en el Estado, por un periodo ininterrumpido no menor a un año inmediato anterior al día de la elección y no tener nacionalidad extranjera.

La iniciativa del diputado fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Migración y Asuntos Internacionales, y de Asuntos Municipales para su estudio y resolución procedente.

Por otra parte, la Comisión Permanente dio cuenta de la iniciativa de la diputada Yolanda Gámez Mendoza para reformar el decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Sistema Estatal Operador de Carreteras de Cuota; y el Decreto que crea el Instituto Estatal de Educación para Adultos, a fin de actualizar la denominación de la Secretaría de la Función Pública.

Además, establecer que dichas Entidades harán uso de sus recursos observando los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación correspondiente.

Asimismo, la Comisión Permanente dio cuenta de la iniciativa de la diputada Jocelyn Olivares López para reformar el artículo 217 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el propósito de modificar el ordenamiento con base en el procedimiento que establece la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado respecto a la revisión y fiscalización de Cuentas Públicas.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado para su análisis.

Finalmente se dio cuenta de la iniciativa de la diputada Nancy Jiménez Morales para reformar el artículo 349 del Código Penal, con el objetivo de armonizar el ordenamiento estatal con el federal y, de esta manera, establecer respecto del delito de abandono de persona, que para que el perdón concedido por la persona cónyuge ofendida pueda producir la libertad de la persona acusada, deberá ésta pagar todas las cantidades que hubiere dejado de ministrar, por concepto de alimentos, y dar fianza u otra caución, que garantice que, en lo sucesivo, pagará la cantidad que le corresponda.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.