|Ciro Calderón / Osvaldo Valencia
A casi cinco años de su fundación, el Colectivo La Voz de los Desaparecidos sostuvo por primera vez un encuentro con un gobernador, lo cual es histórico para los familiares de las personas no localizadas en el estado, pues es una muestra de que existe interés en avanzar en los procedimientos de búsqueda que realizan las diferentes instancias, resaltó su presidenta María Luisa Núñez Barojas.
El encuentro se dio el pasado viernes en Casa Aguayo luego de una protesta que realizaron integrantes del colectivo en donde exigieron la destitución de la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, María del Carmen Carabarin Trujillo.
“Es algo histórico para nosotros, para el colectivo después de tantos años, casi años en funciones el colectivo, de haber pasado ya por diferentes gobernadores, haber solicitado ya la atención del gobierno del estado, esto parece histórico porque primera vez nos está recibiendo un gobernador”, señaló Núñez Barojas tras salir de la sede del gobierno estatal.
La mesa de trabajo fue solicitada desde el pasado 10 de mayo, con la principal exigencia de que fuera encabezada por el Ejecutivo del estado, quien, de acuerdo a la Ley de Búsqueda del Estado de Puebla, es el único facultado para revisar el nombramiento de la titular de la Comisión.
En ella, el colectivo exigió la destitución de María del Carmen Carabarin debido a “múltiples omisiones” y acciones que no se han llevado a cabo, así como presuntos actos de corrupción que han entorpecido la búsqueda de sus familiares.
Se presentaron los escritos y oficios mediante los cuales han solicitado que se presente un plan de trabajo de la Comisión, pues señalaron que la comisionada no ha puesto en marcha el Plan Estatal de Búsqueda por la falta de un programa de trabajo, lo que ha detenido el funcionamiento del Sistema Estatal de Búsqueda, además de que no se cuenta con manuales específicos de funcionamiento de la comisión.
Otra de las observaciones que se hizo fue el constante despido injustificado de personal dentro de la comisión por parte de la titular pues en los tres años de su puesta en marcha se ha invertido la mayor parte del presupuesto en la capacitación de personal que una vez terminado estos procedimientos se les despide sin razón alguna.
La fundadora del colectivo también expuso que las capacitaciones de personal en las células de búsqueda municipal al interior del estado son “pura simulación” ya que no cuentan con manuales de operación detallados para seguir y atender los reportes de desaparición de una persona.
María Luisa Núñez también acusó que la Comisión Estatal de Búsqueda no realiza análisis de contexto sobre cada uno de los casos de desaparición, pues los han puesto en situación de riesgo al no tener en consideración la incidencia delictiva, los llevan a los lugares donde se tiene información de posibles sospechosos e, incluso, se inhibe la señal telefónica, lo que incrementa el peligro de la búsqueda.
“Nos van a meter a lugares donde pasamos en frente de las casas de los sospechosos, nos han llevado a lugares donde se inhibe totalmente la señal de los teléfonos móviles, imagínate en caso de un ataque, ni siquiera para pedir apoyo, de verdad es muy grave lo que pasa y que no se ve”, enfatizó la activista.
María Luisa Núñez refirió que el gobernador estuvo atento a las peticiones de los familiares, las cuales, dijo, fueron concretas y documentadas, y se comprometió a que serían revisadas por el área jurídica.
“Apreciamos que fue muy ecuánime en un nivel de horizontalidad y eso es muy importante para nosotros, y tampoco nos hizo promesas, se comprometió e instruyó a que se va a revisar el tema con las dependencias que se tengan que revisar, con Finanzas, con la Auditoría, y seguramente con la información que nosotros le hicimos llegar”, manifestó.
Será la Consejería Jurídica del Ejecutivo, a cargo de Jonathan Ávalos Meléndez, así como el órgano interno de control de la Comisión, las áreas que revisen y recaben información sobre las observaciones que han hecho otras instancias como la Auditoría Superior del Estado (ASE) por más de 3 millones de pesos al ejercicio de los recursos.
Además, se analizará el recorte presupuestal que hizo la federación a la Comisión Estatal de Búsqueda de más del 50 por ciento, pues de operar con 18 millones de pesos este año lo tendrá que hacer con 7 millones, lamentó.
Se estableció un plazo 20 días para que las áreas conjunten la información con la finalidad de que se pueda tomar una decisión respecto a la comisión, la cual, confió, será sustentada y razonada.
“Reiteró el interés de escucharnos, de trabajar con los familiares, enfrentar conjuntamente esta lucha en contra de la desaparición de personas. Nos pareció una reunión productiva, muy ecuánime la postura del gobernador, ustedes saben que no somos de adular a la gente, pero me pareció muy ecuánime”, expresó.
El convenio de coordinación y adhesión que firmó el gobierno estatal con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas estableció un monto de 7 millones 725 mil pesos a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, cifra que equivale al 0.9 por ciento de la bolsa global que asignó la federación para todo el país.
De acuerdo con el documento, el gobierno federal incluyó una partida en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2023 por 811 millones 241 mil 430 pesos para el programa de subsidios para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas de la Secretaría de Gobernación federal.
VOZ DE LOS DESAPARECIDOS, UNA QUE HA HECHO RUIDO DESDE HACE CINCO AÑOS
Desde hace casi cinco años, María Luisa Núñez ha sido la voz de las familias que se han cansado de gritar, recorrer y buscar a sus familiares desaparecidos en Puebla y distintas entidades vecinas.
El 28 de abril de 2017 fue la última vez que María Luisa escuchó a su hijo Juan de Dios —de 23 años—, pues dejó de saber de él junto a sus amigos Abraham y Vicente Basurto Linares. A las horas de tener información de su ubicación acudió a las autoridades municipales de Palmar de Bravo y la Fiscalía General del Estado (FGE), pero nadie la atendía.
Hasta casi un año y medio después de búsqueda en redes sociales y registros de personas desaparecidas, detenidas o atendidas en hospitales, María Luisa hizo caso a los consejos de otras personas en México para emprender un colectivo para la búsqueda de personas.
En agosto de 2018 se decidió a fundar el colectivo La Voz de los Desaparecidos junto a la madre de Vicente y Abraham, convocó en redes sociales y junto alrededor de 14 familias con experiencias en común, para la siguiente movilización a inicios de noviembre la cifra subió a 26 familias que comenzaron a luchar por la implementación de la Ley General en materia de Desaparición de Personas y se creara la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas.
Actualmente son 100 familias las que se encuentran apoyándose en sus casos para mantenerse en la lucha de buscar de sus familiares, la mayoría de ellos sin vida, pero con la intención de seguir hasta encontrarles.
“Estamos fomentando la cultura de la denuncia, la cultura del testigo, que nos apoyen con información, aunque sea de forma anónima, necesitamos si queremos encontrarles, entonces el colectivo ya interactuamos en colectivos a nivel nacional, de otros estados, y también participamos y aportamos para la elaboración del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas”, afirmó.
