Publicado originalmente por Zedryk Raciel en El País, compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico:
El Gobierno está cerca de atrapar al abogado fiscalista, al que señala de encabezar una gigantesca estructura de empresas fantasma al servicio de políticos corruptos, empresarios y narcotraficantes.
El abogado Víctor Álvarez Puga, esposo de la famosa conductora de televisión Inés Gómez Mont, es el hilo que une la cosa que tienen en común políticos, empresarios y narcotraficantes en México: el uso de compañías factureras para evadir impuestos y blanquear dinero. Varios años exiliado con su esposa en Estados Unidos, donde no dejó de disfrutar la riqueza que amasó con sus negocios ilícitos, el letrado, al que el Gobierno mexicano identifica como la cabeza de una enorme red de factureras, ha caído en un centro de detención migratoria de Miami, Florida. Sobre él pesa una ficha roja de Interpol y en México existe una orden de aprehensión penal en su contra, pero el abogado ha resbalado por un problema con su condición de migrante en el país norteamericano.
Podría ser una oportunidad de oro para que el Gobierno de Claudia Sheinbaum eche el guante sobre Álvarez Puga, símbolo de la impunidad que brindan las enormes fortunas ―no importando su origen― y la vinculación con las altas esferas, legales y criminales de un país. Si Washington lo envía a México aprovechando su detención migratoria, Álvarez Puga sería el segundo en ser repatriado de esa manera en cuestión de meses. En agosto, EE UU entregó a México a Carlos Treviño, exdirector de Pemex acusado de corrupción, tras haberlo capturado por irregularidades migratorias. Está por verse si esta se vuelve una alternativa de intercambio bilateral de criminales al margen del burocrático proceso de extradición.
En 2010, el Gobierno ya había puesto en la mira al abogado y su hermano, Alejandro, con quien constituyó el despacho Álvarez Puga & Asociados, a través de una auditoría del SAT, el órgano recaudador. La acometida no tuvo éxito. Ahora, la Fiscalía General acusa al letrado y a Gómez Mont de delincuencia organizada, desvío de recursos públicos y blanqueo. La percha fue una acusación de la Procuraduría Fiscal contra el matrimonio, a raíz de una investigación que documentó un desvío de 3.000 millones de pesos (unos 145 millones de dólares) de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto. Parte de ese dinero, que debía destinarse al mejoramiento de las cárceles del país, según la denuncia, llegó directamente a las cuentas bancarias de Álvarez Puga y Gómez Mont, tras un complejo camino de transferencias entre compañías de su red, una típica operación del blanqueo de recursos.
Según las autoridades, las empresas de papel, que no tenían infraestructura ni personal pero simulaban prestar servicios, efectuaron alrededor de 1.500 transacciones financieras con la finalidad de desaparecer el rastro del dinero. Unos tres millones de pesos fueron depositados en las cuentas de Álvarez Puga y su esposa. El abogado, de hecho, figuraba en la nómina de una de las compañías con las que se desviaron los recursos desde Gobernación. El titular de la dependencia en esa época era el priista Miguel Ángel Osorio Chong, el hombre fuerte del expresidente Peña Nieto en materia de seguridad y quien nunca ha querido pronunciarse sobre el asunto. Un juez ordenó la captura de varios testaferros y del extitular del organismo de las prisiones dependiente de Gobernación, Eduardo Guerrero, el más alto funcionario perseguido. El hermano del letrado también estuvo involucrado en este caso de desvío, aunque no fue incluido en las órdenes de captura del juez.
El expediente de Álvarez Puga y Gómez Mont se armó desde la Procuraduría Fiscal en la primera mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La autoridad hacendaria señalaba al jurista como el propietario de la mayor red de firmas fantasma creadas para emitir facturas falsas, y, más aún, como el gran cerebro detrás de ese modelo de desvío y blanqueo de recursos, la vía por la que se drenan millonarios recursos cada año, quizá el mayor reto de México en materia de corrupción. No solo por el tamaño de la red, sino por sus cómplices y beneficiarios, la investigación contra el abogado fue objeto de un gigantesco fuego amigo dentro del propio Gobierno.
Fuentes consultadas por EL PAÍS refieren que la Procuraduría Fiscal y la Fiscalía lograron denunciar a Álvarez Puga ante un juez solo hasta que ciertos funcionarios poderosos salieron del Gobierno. Antes de eso, en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la agencia antilavado de México, indican las fuentes, se preparaba un acuerdo que permitiría a Gómez Mont cubrir sus adeudos fiscales y alejar el cerco de la justicia. Otro freno derivaba del hecho de que, en la red de beneficiarios de las factureras de Álvarez Puga, figuraba el hijo de un influyente de Morena, el hijo de un exministro de la Suprema Corte de Justicia y el hijo de un exsecretario de Gobernación y exlegislador del PAN, agregan las fuentes consultadas. La orden de captura, finalmente, desarmó los planes de impunidad y permitió la obtención de la ficha roja de Interpol.
Tras fugarse a Estados Unidos, Gómez Mont defendió su nombre y negó haberse beneficiado de los desvíos en Gobernación. “Me colocan al mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia”, dijo. Ella y su esposo continuaron gozando de su riqueza en Florida. Compraron la mansión que perteneció a Cher por 15 millones de dólares y adquirieron dos casas en Miami y Palm Beach con valor de 11 millones de dólares. La pareja también alquilaba un departamento en la lujosa Art Plaza, en Miami, por el que se le cobraban 2.800 dólares mensuales. La inmobiliaria demandó al matrimonio por falta de pago de la renta. Se trata de señales que demuestran que, si bien prófugos, abogado y conductora han estado todo este tiempo localizables. Solo no se había echado a andar la maquinaria de la justicia.
