El barbosismo ha logrado intervenir los arcos de seguridad del morenovallismo que se encontraban en el abandono, y actualmente son base de la Guardia Nacional y SSP para la vigilancia de las zonas donde se tienen puntos rojos del crimen.
Para darle una utilidad a las obras que el régimen anterior dejó en el olvido, la gestión estatal ha invertido millones de pesos para que vuelvan a funcionar, pues su objetivo original nunca se cumplió, que era reforzar la seguridad en municipios como Quecholac y el Triángulo Rojo.
El titular del Ejecutivo señaló que en 2019, al inicio de su gobierno, la seguridad pública de Puebla se encontraba en el abandono. Aún con la presión de gasto se logró hacer una fuerte inversión en la mejora de la vigilancia con la compra de patrullas, armamento y mejora de salarios de las fuerzas del orden estatal.
Pero fue hasta 2021 que la administración estatal pudo hacer una inversión en materia de obra para este rubro, a través de la intervención a los arcos de seguridad, de manera inicial en Palmar de Bravo y Huejotzingo, en los que se desembolsaron poco más de un millón de pesos para su rehabilitación.
No obstante, el gobernador anunció que se intervendrán de manera paulatina los cuatro que faltan en los municipios de Altepexi, Atlixco, Cuapiaxtla de Madero e Izucar de Matamoros, con el objetivo de que funciones como estaciones de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado.
“Le invertimos recursos para mejorar el estado de los arcos de seguridad, están renovados y algunos estarán en obra, pero ya la mayor parte están renovados y todos en función (…) es parte de la parafernalia que había, obras que se cierran antes de que sirvieran”, manifestó el gobernador.
El gobernador recordó que, como senador de la República, gestionó recursos para la construcción de algunas obras como del Complejo de Seguridad Metropolitana (C5).
Foco rojo en Quecholac
Dentro de su intervención, el gobernador Barbosa Huerta comentó que se ha reforzado la seguridad en municipios donde hay una fuerte presencia de grupos criminales, sin embargo, hay zonas donde la propia autoridad vinculada al crimen no ha permitido esta situación, como Quecholac, municipio que de hecho tiene a su presidente municipal Alejandro M. tras las rejas, derivado de la vinculación por protección de criminales y abuso de sus funciones, supuestamente ligado a un peligroso criminal de la zona, conocido como El Toñín.
