Cinco cámaras observan y graban lo que transcurre en la sala, la que permanece casi vacía de no ser por la presencia del juez de control Francisco Javier Martínez Castillo, dos abogadas representantes de la Fiscalía General de Justicia (FGE), el defensor y el imputado de este caso de presunta corrupción: Jesús Salvador Zaldívar Benavides.
Un oficial de policía a cargo de la sala 11 de la Casa de Justicia Penal de Puebla es el encargado de cerrar las puertas para dar inicio a la audiencia de imputación, en la que el Ministerio Público habrá de hacer la formulación del delito contra el acusado. Son las 13:09 horas de un caluroso jueves 8 de agosto. Reina un silencio apabullante.
En la sala, en la zona destinada al público, se encuentran tres personas. Una de ellas se identificó como familiar del acusado y dos más como público. No hay mayor presencia que la soledad del imputado, no están esas figuras del aguerrido panismo poblano que defendieron a Jesús Zaldívar, dirigente municipal en la capital, detrás de una red social, y acusaron persecución. Sus amigos, que lo llaman “Chucho”, lo dejaron solo.
Desde su llegada a la Casa de Justicia se observó al que fuera director del Conalep, en la minigubernatura de Antonio Gali, preocupado. Acudió puntual a la cita, aunque la audiencia iniciaría media hora después de lo programado.
Un traje azul marino y una camisa, sin corbata, ameritaba la ocasión para estar presentable ante el “señor juez”, quien es la autoridad en la sala y a quien observa de frente, dándole la espalda al público. Los primeros segundos que transcurren de la audiencia voltea a ver a sus invitados y dibuja una sonrisa que es mínima, pues ésta se pierde por su mirada, la cual resulta penetrante en ocasiones.
“Buenas tardes, su señoría”, responde al saludo del togado juez de control, quien, para entonces, minutos antes de las 13:09 horas, se tomó un tiempo para leer documentos, que, por obvias razones, están vinculados al caso.
“¿CONOCE SUS DERECHOS?”
Como si se tratase de un guion, el juez le pregunta a Jesús Salvador Zaldívar si conoce sus derechos. “Sí, su señoría”, responde, asesorado por su abogado de nombre José Roberto Acosta Pérez Peña, a quien este mismo jueves nombraría como su nueva defensa.
De hecho, este fue el motivo, quizá de forma y no de fondo, por el que la audiencia fue pospuesta.
Ya iniciada la audiencia, el juez leyó un escrito mediante el cual Jesús Zaldívar revoca a sus anteriores defensores particulares. “No deseo que continúen mi defensa”, se escucha decirle al juez y motiva su razonamiento justificando una defensa técnica adecuada.
El nuevo defensor de Zaldívar aceptó y protestó al cargo y de inmediato solicitó conocer del caso, en el que su cliente es acusado por un presunto desfalco de 30 millones de pesos cuando fungió como director general del Conalep en 2017.
Para ello, solicitó que le fueran entregadas las copias del expediente de su cliente, lo cual desató un debate con la parte acusadora, la cual alegó que las mismas fueron entregadas el 26 de enero a la anterior de Zaldívar.
El expediente con la causa penal 3821/2023/Puebla consta de 24 tomos y 14 mil fojas, por lo que el juez ordena que la anterior defensa entregue las copias a la nueva representación jurídica del acusado en un término de 24 horas para estudiar el caso.
El ambiente se tensó cuando José Roberto Acosta apeló a lo humanamente imposible, ya que señaló que no existían condiciones para revisar las 14 mil fojas, pues el primer contacto con su cliente había sido hacia apenas una hora antes de la audiencia.
El MP, en su oportunidad, pidió al juez establecer un plazo de tres días para la nueva audiencia con la finalidad de dar oportunidad a la defensa de imponerse de las actuaciones que obran en las 14 mil fojas.
Palabras más, palabras menos, el MP evidenció que: “Nombró minutos antes a un nuevo defensor”, por lo que consideró que tres días son suficientes para conocer el caso. Pero el abogado de Zaldívar contraatacó y pidió 15 días al juez de control citando el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, nuevamente la representación de la Fiscalía refutó a la defensa del panista al señalar que desde el 24 de enero tuvo que prever y buscar con oportunidad una adecuada defensa, por lo que consideró que el plazo de 72 horas no vulneraría los derechos del acusado.
El litigante señaló que el 24 de enero se notificó que la audiencia se llevaría a cabo el 4 de marzo; sin embargo, el 28 del mismo mes volvió a recibir un aviso de que la audiencia se llevaría a cabo este 8 de febrero.
Pero el juez puso fin al debate. Señaló que a su consideración el estudio del expediente no debe ser de manera acuciosa o exhaustiva, ya que aun el MP no ha formulado la acusación como para determinar qué elementos deberá tomar de las 14 mil fojas en cuestión.
Remató, no se requieren dejar pasar más de tres días para formular la acusación en contra del imputado, además de que invocó un precepto legal de que la justicia debe ser pronta y estar dentro de los parámetros legales.
Por ello, el juez accedió a la solicitud del MP y fijó una nueva fecha para la audiencia de imputación, a realizarse el martes 13 de febrero a las 13:00 horas.
Cumpliendo con los formalismos jurídicos procesales, la audiencia de Jesús Zaldívar concluyó a las 13:29 horas. Afuera de la Casa de Justicia nadie lo esperaba, ninguno de los militantes que lo han acompañado en las ruedas de prensa en las que se ha lanzado contra Morena y su candidato a la gubernatura Alejandro Armenta.
Camino hacia la salida con su soledad a acuestas.
