En una nueva muestra de descontento, residentes del fraccionamiento La Concepción Buenavista cerraron la noche de este jueves dos de los tres carriles de la Calzada Zavaleta con dirección al Hospital del Niño Poblano. La medida de protesta surgió ante la amenaza inminente del derribo de rejas en el fraccionamiento, ordenado por un juez federal.
Los cerca de 50 manifestantes argumentaron que este fallo judicial respalda los intereses de apenas dos personas en detrimento de más de 300 familias que residen en la zona, por lo que sosteniendo pancartas con consignas como “No al retiro de la reja”, “Es una violación de derechos” y “Primero la seguridad”, expresaron la noche de este jueves su rechazo a la decisión que compromete su privacidad y bienestar.
La indignación se hizo evidente en la pregunta que los vecinos plantearon de manera contundente: ¿Quién garantizará su seguridad cuando las rejas protectoras sean retiradas? ¿Cómo es posible que dos individuos con intereses económicos prevalezcan sobre la seguridad y el bienestar de 350 familias?
“Esto es un problema añejo, hay una orden judicial para retirar esta reja, la respetamos, pero quedamos en indefensión, por eso pedimos al municipio de Cholula y al estado que nos doten de vigilancia y seguridad permanente, esa es la única protesta que pedimos”, manifestó uno de los afectados a El Sol de Puebla.
La protesta generó un caos vehicular importante que desquició a los conductores que buscaban llegar a sus destinos; sin embargo, esta solo duró alrededor de 40 minutos y los quejosos posteriormente se retiraron a sus casas, dejando libre la avenida.
Posterior al cierre, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula emitió un comunicado para informar sobre las acciones que se llevarán a cabo en cumplimiento con el mandato del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, perteneciente al Poder Judicial de la Federación.
AYUNTAMIENTO SE VIO OBLIGADO
Explicaron que el Ayuntamiento se vio obligado a acatar la orden judicial que exige el retiro inmediato de la reja que obstruye el libre acceso por la Calle Tercera Sur, iniciando desde el lado oriente de la Calzada Zavaleta, así como la demolición del arco que obstaculiza el paso hacia la colonia La Concepción Zavaleta.
Destacaron que han transcurrido más de 13 años desde que particulares iniciaron diversos medios de defensa legal en contra de la resolución del recurso administrativo dictado en el expediente del año 2013. Estos medios incluyen recursos, amparos, procedimientos contenciosos y quejas.
El 26 de enero de 2023, en el marco del amparo 2134/2022 presentado por un vecino, el juez emitió la orden de cumplir con la determinación contenida en el oficio SDUS/DJ/022/2018, que impone el retiro de la reja.
En tanto que el 5 de enero de 2024, en los autos del juicio de amparo 2134/2022-I, se notificó la ejecutoria pronunciada en revisión R.A.P. (P) 141/2023, solicitando al presidente municipal de San Andrés Cholula y al secretario de Desarrollo Urbano el cumplimiento inmediato de la ejecutoria de amparo, que incluye el retiro de la reja y el arco mencionados anteriormente.
Finalmente, el 16 de enero del presente año, se notificó el acuerdo por el cual se requirió al Ayuntamiento de San Andrés Cholula para que, dentro del plazo otorgado, exhorte a las autoridades responsables a dar cumplimiento inmediato a la ejecutoria dictada por el juez.
PROBLEMA AÑEJO
Este conflicto no es nuevo, ya que en febrero de 2023, residentes de La Concepción Buenavista bloquearon la misma Calzada Zavaleta en protesta por la apertura de una calle cercana al acceso principal, generando problemas de inseguridad en el fraccionamiento.
Durante la manifestación ocurrida hace un año, los residentes cerraron la vialidad en ambos sentidos, causando un caos vehicular y el malestar de los automovilistas atrapados en el tráfico. La consigna “La puerta no se abre” resonó nuevamente este jueves, reflejando la firme oposición a la apertura de la calle Tercera “C” Sur, que permaneció cerrada por más de dos décadas y que ahora les podría generar casos de inseguridad.
De acuerdo con declaraciones previas de los inconformes, detrás de la orden judicial se encuentran las ambiciones económicas de la familia Prieto Sianca, quienes aparentemente buscan fraccionar un terreno para la venta de viviendas en la zona. Además, han denunciado un presunto tráfico de influencias al cambiar la densidad poblacional del fraccionamiento.
En la protesta de hace un año, los vecinos acordaron establecer una mesa de diálogo con un representante de la Sindicatura del ayuntamiento de San Andrés Cholula y el tema fue solucionado momentáneamente, hasta que el juez federal resolvió el tema y falló a favor de la familia que pugnó por el retiro de la reja.
