Los países de la Unión Europea avanzaron en la construcción de un marco regulatorio más claro para la inteligencia artificial tras acordar una posición común sobre una propuesta legislativa destinada a simplificar las normas que rigen esta tecnología en el bloque.

La decisión fue adoptada por los embajadores de los 27 Estados miembros, quienes fijaron la postura del Consejo de la UE respecto a la iniciativa incluida en el paquete legislativo denominado “Omnibus IV”. El siguiente paso será la negociación con el Parlamento Europeo, instancia con la que deberá alcanzarse un acuerdo definitivo para que la normativa entre en vigor.

El planteamiento contempla dos reglamentos orientados a simplificar el marco digital europeo y facilitar la aplicación de las disposiciones sobre inteligencia artificial que comenzaron a regir en 2024. El objetivo central es reducir la carga administrativa para las empresas y fortalecer la competitividad del bloque en un sector tecnológico en rápida expansión.

Entre los cambios propuestos destaca la prohibición del uso de inteligencia artificial para generar imágenes sexuales o íntimas sin consentimiento, así como material de abuso sexual infantil. La medida busca reforzar la protección de derechos fundamentales ante el crecimiento de herramientas capaces de producir contenido manipulado o falso.

La legislación europea también clasifica diversos sistemas de IA como “de alto riesgo”, entre ellos los utilizados por instituciones financieras para evaluar créditos, empresas para seleccionar personal o plataformas destinadas a gestionar el tráfico vehicular, debido a su potencial impacto en derechos y decisiones sociales relevantes.

Otra modificación plantea posponer hasta diciembre de 2027 la entrada en vigor de los estándares técnicos obligatorios que deberán cumplir estos sistemas para garantizar el respeto a los derechos humanos, como la prevención de sesgos o discriminación. En el caso de herramientas de alto riesgo integradas en productos, la aplicación plena de la normativa se extendería hasta agosto de 2028.

La Comisión Europea argumentó que el ajuste en los plazos busca otorgar mayor seguridad jurídica a las empresas y permitir una adaptación gradual en un entorno tecnológico de evolución acelerada.

Asimismo, el Consejo propuso obligar a los proveedores a registrar sus sistemas en la base de datos europea de inteligencia artificial de alto riesgo, incluso cuando consideren que su tecnología podría estar exenta de esa clasificación, con el fin de reforzar la supervisión y transparencia en el uso de estas herramientas.