El presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que clasifica al fentanilo como “arma de destrucción masiva”, una medida sin precedentes con la que la Casa Blanca busca endurecer la respuesta del Estado frente a la crisis de sobredosis que azota al país.
Durante un acto en la Casa Blanca, el mandatario sostuvo que el impacto del fentanilo equivale al de un conflicto bélico. Aseguró que en los últimos años han muerto entre 200 mil y 300 mil personas anualmente por el consumo de esta sustancia, una cifra que —dijo— supera ampliamente las estimaciones oficiales más difundidas.
Las estadísticas respaldan la magnitud del problema. Datos de los CDC indican que más de 250 mil personas murieron entre 2021 y 2023 por sobredosis asociadas a opioides sintéticos, principalmente fentanilo, consolidándolo como el epicentro de la emergencia de salud pública en Estados Unidos.
Trump dio a conocer la orden durante una ceremonia de condecoración a militares por su labor en la frontera con México. En ese contexto, acusó a adversarios extranjeros de traficar fentanilo con la intención de causar muertes en territorio estadounidense, y defendió la estrategia de seguridad desplegada durante su administración.
El presidente afirmó que el flujo de fentanilo en la frontera se ha reducido en 50 %, y destacó que China colabora estrechamente con Washington para limitar la producción y envío de la droga. Sobre México, reconoció avances, aunque admitió que los resultados aún no son suficientes.
El documento oficial va más allá del enfoque sanitario y adopta un marco de seguridad nacional. Define al fentanilo ilícito como más cercano a un arma química que a un narcótico, y advierte que su comercialización por carteles y organizaciones terroristas extranjeras financia asesinatos, actos terroristas e insurgencias en distintas regiones del mundo.
La orden instruye a varios secretarios del Gabinete a reforzar el combate contra esta amenaza. En particular, ordena al secretario de Guerra, en coordinación con Seguridad Nacional, actualizar las directivas militares para responder a incidentes químicos que incluyan al fentanilo dentro del territorio estadounidense.
Este punto cobra relevancia en medio de la controversia que rodea al secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien ha sido cuestionado por bombardeos contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico desde Venezuela, operaciones que el gobierno venezolano ha negado de forma categórica.
