El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha instruido a las autoridades migratorias a negar la libertad bajo fianza a los migrantes que ingresaron al país sin visa, medida que implicará que miles de personas podrían permanecer detenidas durante meses o incluso años mientras se resuelven sus procesos de deportación. Así lo reveló este martes el Washington Post, citando un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La directiva fue firmada el 8 de julio por Todd Lyons, director interino del ICE, y establece que los migrantes permanecerán bajo custodia hasta que concluya su caso migratorio, restringiendo de forma severa el derecho a solicitar una audiencia de fianza ante un juez, derecho que hasta ahora sí existía en la mayoría de los casos.
Esta política se aplicará incluso a migrantes que llegaron hace décadas, muchos de ellos latinoamericanos que huyeron de situaciones de violencia, pobreza extrema o desastres naturales. El cambio ha sido recibido con preocupación por organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre su impacto en familias vulnerables y sobre el carácter punitivo de una detención sin evaluación judicial previa.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) ha cuestionado duramente la medida, afirmando que todos los migrantes tienen derecho a presentar pruebas y argumentar su caso ante un juez, y que eliminar la posibilidad de libertad condicional viola principios constitucionales, como la presunción de inocencia.
La Constitución de Estados Unidos establece que la prisión preventiva no debe ser la primera opción, excepto en casos en los que exista peligro para la seguridad pública o alto riesgo de fuga. No obstante, sectores del Partido Republicano han presionado desde hace tiempo para negar automáticamente la libertad bajo fianza, argumentando que ello disuadiría nuevos intentos de ingresar ilegalmente al país.
Esta medida se enmarca en una serie de acciones de línea dura impulsadas por Trump desde su regreso a la presidencia en enero, entre las que se incluye el cierre casi total de la frontera con México, el envío de 1,500 militares a la zona fronteriza y nuevas restricciones migratorias.
Paradójicamente, una encuesta publicada el pasado viernes por Gallup revela que la percepción pública sobre los migrantes ha mejorado en el último año. La proporción de estadounidenses que quiere reducir la inmigración cayó del 55 % en 2024 al 30 % actual, y un récord del 79 % considera positiva la presencia de migrantes en el país.
El endurecimiento de las políticas migratorias contrasta con este cambio de opinión pública, lo que podría generar tensiones adicionales tanto en el ámbito legislativo como judicial en los próximos meses.
