La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Puebla alista un paquete de reformas para fortalecer la atención de víctimas de violencia con sustancias ácidas, químicas o corrosivas en el estado, con la intención de establecer mecanismos de atención en el sector salud, crear un registro de víctimas de este tipo de ataques, así como dotar de mayor presupuesto a las instituciones de salud.
Tras encabezar el foro “Ley Ácida contra la Violencia Química en Puebla: Desafíos y Áreas de Oportunidad”, el dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, anticipó que se buscarán reformas a la Ley Estatal de Salud y se contemple en la siguiente Ley de Egresos del Estado para que la Comisión de Atención a Víctimas del Estado brinde acompañamiento y apoyo a quienes han sufrido de este tipo de ataques.
Durante el foro, víctimas de este tipo de violencia como Esmeralda Millán, Carmen Sánchez, y Leslie Moreno detallaron los obstáculos que siguen enfrentando en los procesos jurídicos y la atención en las instituciones de salud públicas.
Ximena Canseco, representante de la fundación “Carmen Sánchez” señaló que en cada uno de los casos, 50 por ciento de los atacantes son parejas o exparejas de las víctimas, quienes buscan generarles un daño permanente, y 60 por ciento los ataques son cometidos de forma tumultuaria, o sea entre dos o más personas.
Comentó que una de las principales limitantes es el acceso a los tratamientos y procedimientos quirúrgicos para la reparación de tejidos y órganos dañados, pues en todos los casos son en extremo costosos para las víctimas.
Ejemplificó esta situación con el caso de Esmeralda Millán, poblana que fue atacada el 2 de diciembre de 2018 por su pareja y una persona más y que ha necesitado de varios tratamientos médicos que el sector salud del estado no han tenido y no le han brindado. Para seguir con su proceso de recuperación, Esmeralda y la fundación organizaron una rifa en la que juntaron más de 202 mil pesos para poder pagar la operación.
“Ni Esme ni la doctora Icela, ni la fundación deberíamos estar haciendo rifas para juntar para una cirugía, algo que debería brindar de manera gratuita, eficiente e inmediata el estado de Puebla en este sentido, y por eso es parte de la ruta de trabajo que queremos proponer, que no solamente quede en un foro”, expresó Ximena Canseco.
En ese sentido, el diputado local del PRI aseguró que se ha comprometido con la fundación para explorar una reforma a la Ley Estatal de Salud para que el Estado pueda atender inmediatamente a las mujeres que sean víctimas de este tipo de ataques con sustancias químicas para apoyarlas con cirugías, apoyo psicológico y medicamento; además de dotar de más recursos para investigación en para poder atender estos casos.
“Buscaremos el acuerdo de todos los diputados para que modifiquemos la Ley de Salud para que el Estado pueda adoptar a estas mujeres sobrevivientes, creo que ya lo hicimos una vez y sin duda creo que lo podemos volver a hacer (…) Creo que todos, así como aprobamos en un primer momento esta iniciativa, hoy en un segundo momento vamos a perfeccionarla para que las mujeres se sientan protegidas y respaldadas por el Estado”, enfatizó Camarillo Medina.
Para que esta reforma sea efectiva —dijo Ximena Canseco— se requiere crear un Registro Estatal de Víctimas de Ataques con Ácido, Sustancias Químicas, Corrosivas, entre otras, para tener certeza del número de mujeres que han sido violentadas en el estado y que requieren del apoyo de las autoridades.
Asimismo, apuntó que se necesita entregar una mayor cantidad de recursos a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, derivado de que en varias ocasiones han solicitado su apoyo para los tratamientos médicos y no han recibido ayuda por falta de recursos.
Sin embargo, esta no ha sido la única limitante que sufren las víctimas de violencia ácida, pues el otro calvario que atraviesan es en los juzgados cuando buscan obtener justicia.
En el caso de Esmeralda ha sido una espera de más de cuatro años para enfrentar a su agresor, pero por artimañas legales no lo ha hecho. Pese a estar vinculado por tentativa de feminicidio, su expareja ha evitado las audiencias intermedias alegando cambio de defensor público, por lo que no ha avanzado su proceso.
En el caso de Leslie Moreno, una poblana que fue atacada en Pachuca, en 2017, por un expolicía, ella no fue escuchada o atendida por las autoridades en su momento y tuvieron que pasar cinco años para que las autoridades investigaran y dieran con el responsable material de la agresión.
Un juez giró una orden de aprehensión contra la autora intelectual, una excompañera de trabajo, a quien detuvieron, pero una semana después liberaron, lo que dejó en indefensión a Leslie.
Ante esta situación, la propia Carmen Sánchez —quien apenas consiguió justicia con una sentencia de 46 años y 8 meses de prisión contra su agresor— puntualizó que a pesar de las reformas y el incremento de las penas para quienes las atacan, los procesos penales no proseguirán por la falta de perspectiva de género en los juzgados para no revictimizarlas.
Consideró que el Sistema de Justicia Penal Acusatoria concede muchas ayudas a los agresores al darles la oportunidad de llevar sus procesos en libertad condicional o acortar sus penas de prisión por “buen comportamiento”, por lo que se ofreció a dar capacitaciones a Ministerios Públicos y jueces para revisar los casos con perspectiva de género.
Camarillo Medina ofreció también buscar una reunión con el fiscal General del Estado para revisar los casos que se encuentran en Puebla y encontrar una manera para que se haga justicia para las víctimas.
