El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) dejó en manos del Ayuntamiento de Puebla, encabezado por el alcalde Eduardo Rivera Pérez, la responsabilidad de sancionar a Claudia Rivera Vivanco y René Sánchez Galindo por actos violencia política de género en contra de Yasmín Flores Hernández.
Ahora, la administración panista tendrá la oportunidad de corregir la evasión y omisión de la Contraloría Municipal en la pasada administración que se negó a tomar medidas al respecto, o salvar el cuello de ambos exfuncionarios municipales.
En sesión pública virtual, el Pleno del órgano jurisdiccional local se declaró incompetente para conocer y resolver la denuncia de Yasmín Flores –exconsejera jurídica de la presidencia del Ayuntamiento de Puebla– en contra de la exalcaldesa de Puebla; el exsecretario de Gobernación, René Sánchez Galindo y Margarita Rodríguez Daruich, exfuncionario en dicha secretaría.
No obstante, el Tribunal no le dio carpetazo por completo al caso, pues todas las pruebas recabadas sobre lo denunciado por la exconsejera jurídica serán reencauzadas a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Puebla, para que ellos determinen lo que procederá y así salvaguardar los derechos de la denunciante establecidos en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En el proyecto de sentencia, que estuvo a cargo de la magistrada Idamis Pastor Betancourt, se planteó que el tribunal electoral local no era competente para conocer de la demanda interpuesta por la extrabajadora del comuna, derivado de que los posibles actos señalados en la querella no son de naturaleza política o electoral, por lo que no son materia de estudio.
Señaló que la queja de Flores Hernández no cumplía con los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio SUP-REP-1/2022, donde se plasmaron los criterios para atender una queja por violencia política de género.
En agosto del 2020, la exconsejera jurídica interpuso ante la Fiscalía General del Estado (FGE), el Instituto Electoral del Estado y la Comisión de Derechos Humanos, una denuncia por violencia política de género, hostigamiento y acoso laboral por parte de los exmiembros de la Comuna.
Flores Hernández se desempeñaba como consejera jurídica de la presidencia municipal, ya que pese a ocupar el mismo cargo que sus compañeros: Javier Palou García y Andrés García Viveros, como coordinadores ejecutivos, percibía una remuneración menor.
Rivera Vivanco exigió su renuncia al cargo, argumentando que “ya no le funcionaba como Consejera Jurídica”, debido a que “necesitaba del carácter de un hombre”, sin embargo, se negó a presentarla, por lo que sufrió actos de acoso por la Secretaría de Gobernación.
Flores Hernández detalló que un vehículo adscrito a la Secretaría de Gobernación comenzó a seguirla en horario laboral y en días de descanso, tomando fotografías de ella y de su familia, por un lapso de dos meses.
Al finalizar la entrega-recepción de su cargo, la exconsejera jurídica detectó que la dependencia, a nombre de Margarita Rodríguez Daruich, buscaba cambiar de área el vehículo para evitar que se detectara el uso que le estaban dando.
