La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) lanzó un mensaje directo a los gobiernos municipales: quienes no hayan utilizado el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) en labores de seguridad, enfrentarán una disminución presupuestal en 2026.

Así lo dio a conocer el titular de la dependencia, vicealmirante Francisco Sánchez González, quien explicó que recientemente concluyó una revisión en las 217 alcaldías del estado para conocer el uso real de estos recursos destinados a seguridad, como vigilancia, equipamiento y capacitación policial.

El funcionario evitó revelar, por ahora, los resultados completos del diagnóstico; sin embargo, adelantó que en las próximas semanas se detallará qué ayuntamientos incurrieron en subejercicio o redireccionaron el dinero hacia áreas ajenas a la seguridad.

Explicó que la medida tiene como intención frenar la práctica, señalada en diversas administraciones, de dejar sin ejecutar parte del fondo o emplearlo en rubros distintos, lo que, de acuerdo con la SSP, limita la capacidad operativa de las policías municipales y ha debilitado los trabajos de prevención del delito.

Con esta revisión, más de un alcalde podría ser exhibido por el uso indebido de recursos públicos destinados a seguridad. Un ejemplo de estos abusos fue exhibido recientemente por el periodista Mario Alberto Mejía en las líneas de Hipócrita Lector.

En la columna titulada “La sobrina política que hace negocios con su tío, el alcalde”, se reveló un presunto caso de nepotismo en Huauchinango: el alcalde Rogelio López Angulo habría entregado, por asignación directa, contratos para uniformar a la Policía municipal a Montserrat González, sobrina política de su esposa, pese a que ella no tenía experiencia en la fabricación de prendas tácticas.

La señalada habría creado recientemente dos maquiladoras justo cuando el municipio debía ejercer recursos del FORTAMUN. Según testimonios de policías, los uniformes entregados eran incompletos, de mala calidad y en tallas inadecuadas, además de estar presuntamente adquiridos como saldos.

Al revisar los precios, los elementos detectaron un sobrecosto evidente, lo que detonó el malestar interno. También se reveló que la sobrina del alcalde recibió al menos dos adjudicaciones directas financiadas con recursos federales, una de ellas por más de 2.5 millones de pesos.

La investigación dejó ver que el caso podría no limitarse a los uniformes, pues fuentes consultadas aseguran que existen más anomalías en compras de patrullas, computadoras, mobiliario y equipo policial.