Para la jornada electoral del domingo 2 de junio de 2024, las personas privadas de la libertad que no cuentan con sentencia firme podrán ejercer su derecho al voto, pero únicamente lo harán para elegir a la persona titular de la Presidencia de la República.
Lo anterior se acordó durante una primera mesa de trabajo que sostuvieron autoridades estatales con representantes del Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva.
En este primer encuentro participaron servidores públicos de las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública del estado, con el objetivo de establecer los lineamientos para asegurar que los internos de los penales ejerzan su voto.
A través de un comunicado, se informó que las personas que se encuentran en prisión preventiva podrán ejercer su sufragio solo para elegir a presidente o presidenta de la República en la jornada comicial.
En representación del secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, el subsecretario de Centros Penitenciarios, Jorge Pérez Melchor, señaló que estas acciones contribuyen a que la prisión preventiva no sea un obstáculo para que estas personas gocen de este derecho.
El ejercicio de participación democrática que se lleve a cabo el próximo 2 de junio de 2024 en las cárceles del estado, contará con la participación de observadores nacionales e internacionales, así como de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) y asociaciones civiles.
Por ello, el gobierno del estado, a través de las dependencias participantes y representantes del organismo electoral a nivel nacional, acordaron compartir información sobre las personas privadas de la libertad.
Además, se designarán enlaces para que personal del Instituto Nacional Electoral visite los centros penitenciarios previo al periodo de votación. “Con esta mesa de trabajo, el gobierno presente, a través de la SSP, asume su compromiso de garantizar el reconocimiento y ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad y abonar al voto en prisión preventiva”, indicó la Secretaría de Seguridad Pública.
De acuerdo con el INE, el 20 de febrero de 2019, la Sala Superior del Tribunal concluyó que las personas en prisión que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, porque se encuentran amparadas bajo el principio de presunción de inocencia, en tal sentido le ordenó al INE llevar a cabo una prueba piloto en 2021, con miras a su implementación en el 2024.
El 1 de junio de 2018, dos personas recluidas en el Centro Estatal de Reinserción Social “El Amate”, del municipio de Cintalapa, Chiapas, impugnaron ante la Sala Superior del Tribunal la omisión del Instituto Nacional Electoral de emitir los lineamientos que les permitiera ejercer su derecho a votar como personas que se encuentran recluidas sin haber sido condenadas a través de una sentencia.
