Por Anny Santillán (abogada penalista)
Estamos siendo testigos en el caso de Javier López Zavala que en la causa penal, o en el juicio oral, la Fiscalía no fue capaz de acreditar con pruebas plenas su responsabilidad y también fue incapaz de probar su autoría intelectual en el caso del feminicidio de Cecilia Monzón, pues la narrativa de una acusación sin sustento demostrativo de pruebas que se fabricó en los medios, en tiempos del barbosismo y del ex fiscal Higuera, se derrumbó en el desarrollo del juicio.
La Fiscalía fue omisa en investigar líneas de investigación que apuntaban a un posible homicidio por problemas políticos con diferentes actores y no por un supuesto aumento de pensión alimenticia. Hubo grupos feministas que, desde un inicio, con la detención de López Zavala, recurrieron a un linchamiento público y a una sentencia de condena, adelantándose a lo que el proceso y el juicio arrojaron. No hay pruebas que acrediten, por lo menos indiciariamente, Javier N haya ordenado tal asesinato.
La narrativa de quienes fabricaron la acusación fue con el solo propósito de hacer a un lado las aspiraciones políticas del acusado, y, luego, aunado a esto, el distanciamiento de Javier N con el barbosismo trajo una persecución mediática y de venganza por no cumplir los caprichos del exgobernador Miguel Barbosa.
No se necesita ser perito en la materia ni ser abogado para entender que el escrito de acusación, formulado por el agente del Ministerio Público Tonatiuh Gutiérrez, carece, en su cuadro fáctico, de que no es más que el hecho que se acusa a Javier N. En palabras coloquiales, ¿cuál es la conducta de la que se acusa? Esa conducta no existe en la acusación. La acusación solo habla de autores materiales.
Las citadas líderes feministas dejan de observar que, en constancia del propio juicio, se evidenció que el fiscal Tonatiuh Gutiérrez faltó a la verdad y fabricó pruebas para inculpar a un inocente. Nadie puede estar por encima de la ley, y si un servidor público como lo es el Ministerio Público, en términos de la Carta Magna y de la propia Ley Adjetiva de la Materia, debe conducirse con honestidad, imparcialidad, objetividad, pero sobre todo con probidad. Cosa que en este caso no aconteció y su actuar fue con total premeditación de fabricar delitos e inculpar a inocentes.
¿O no me digan que la anterior Fiscalía no hacía trajes a la medida, como dicen en el argot popular, chalecos a la medida? Ahora resulta que este grupo de feministas viene a pedir justicia para Cecilia Monzón sin importar que la Fiscalía anterior haya fabricado delitos y culpables, simplemente porque Javier N fue adversario político de un exgobernador que, durante su sexenio, con complicidad del exfiscal Higuera, giraron órdenes a diestra y siniestra a los que no eran afines a sus proyectos políticos.
¿Cómo es posible que este grupo de feministas, que deberían estar a favor de la justicia, esté en la práctica a favor de que se fabriquen delitos, y no de que verdaderamente se investiguen y se castiguen a los verdaderos culpables y que los fiscales se conduzcan con honestidad y objetividad en sus investigaciones, y que no a que fabriquen chalecos y culpables?
No olvidemos que hay antecedentes de cómo en el pasado las Fiscalías, en una franca violación a los derechos humanos y atendiendo a prácticas arcaicas arraigadas en las más profundas entrañas de las fiscalías y corporaciones ministeriales, fabrican chalecos para obtener culpables.
Vivo ejemplo el de Israel Vallarta, preso injustamente 20 años, ex pareja de Florence Cassez, quien fuera liberada a petición del gobierno francés y que desnudó nuestro sistema judicial mexicano, y puso el dedo en la llaga al señalar que en México la procuración e impartición de justicia dejaba mucho que desear. Es evidente que la narrativa que estos grupos feministas durante estos años han pretendido se les vino abajo, y que el proceso y juicio oral dejó al descubierto una serie de inconsistencias, insuficiencias, contradicciones, fabricación de pruebas y un total actuar deshonesto de la anterior Fiscalía.
En la última audiencia quedó en actuaciones grabado en audio y video —por si este grupo feminista quiere constatar— que el sobrino de Javier N (Jair “N”) fue torturado y obligado a declarar falsamente en su contra, haciéndolo firmar (Tonathiu Gutiérrez) hojas en blanco bajo la amenaza de que, de no firmar y señalar a Javier “N”, violarían a su esposa e hija, y bajo amenazas de enseñarles fotos de ambas y decirle que debía decir que él mató a Cecilia Monzón por órdenes de Javier “N”; que de no firmar, ellos se encargarían de desaparecer a su esposa e hija y nunca las volvería a ver. Jair “N” fue objeto de tortura, de tratos inhumanos, de vejaciones y, en su caso, me pregunto: estando incomunicado, viendo como al momento de detenerlo se llevan a su esposa e hija y lo incomunican totalmente, y lo aíslan sin comunicación alguna con sus familiares y sin saber su paradero, y estando bajo la sumisión de estos agentes ministeriales, ¿no va a firmar lo que le pasen?
Lo que es evidente, y hay constancias, es que la fiscalía actuó bajo una línea de “a Javier ‘N’ lo quiero fuera de todo escenario político”, y esa orden vino del extinto gobernador Barbosa y fue cumplida cabalmente por el ex fiscal en turno Higuera.
Los dos ya no están: uno tres metros bajo tierra, seguramente feliz de que le cumplieron en su momento su cometido; el otro salió por la puerta de atrás y prefirió buscar cobijo queriendo ser ministro de la corte para seguir teniendo fuero y gozar de total impunidad. Pero el final está más cerca que nunca y vienen las consecuencias de sus actos, y si el M.P. Tonatiuh actuó por consignas, tiene que asumir sus consecuencias porque él siempre estuvo consciente de que Javier “N” solo era un chivo expiatorio del sistema y aun así actuó para fabricar este delito.
Ya varios testigos se desistieron de seguir mintiendo, de seguir la farsa; bueno, hasta testigos que en ese entonces eran funcionarios adscritos a la Fiscalía decidieron mejor no ir a juicio, temerosos de que tendrían que asumir alguna responsabilidad si seguían mintiendo, optaron por mejor callar que seguir el juego que vieron se vino todo abajo. Testigos como la abogada Marisol Montes, que en entrevistas periodísticas salió a decir que el propio fiscal Tonatiuh Gutiérrez la obligaba a que declarara en contra de Javier “N” y que lo señalara en un testimonio falso.
¿Es que acaso las feministas solo quieren contar este favor a la familia de Cecilia Monzón y la justicia no les interesa? ¿Por qué no cuestionan el actuar de las autoridades y principalmente de la Fiscalía? Bueno, ya veremos este desenlace, y es que el pronóstico en nada les favorece a estas feministas.
