En su desmesurada intención por hacerse de la mayor cantidad de contratos en las diferentes instituciones de la época del morenovallismo, la empresa Sistemas LAC intentó replicar en la Auditoría Superior del Estado (ASE) el modelo de negocio fraudulento para arrebatar dinero al Sistema de Administración Tributaria como parte de un incentivo a las entidades por la recaudación del Impuesto Sobre la Renta.
Con el antecedente de haber dado resultados positivos a la Secretaría de Finanzas y Administración, en 2015 la compañía signó un contrato con la ASE, cuyo titular era David Villanueva Lomelí, para analizar la forma en que recuperaría los ingresos de 2009 a 2014, por lo que recibió la cantidad de 170 mil pesos.
El monto pactado a favor de Sistemas LAC para la entrega de las declaraciones informativas de estímulos fiscales se sumó a honorarios por 250 millones de pesos que recibió en 2012 y a otros 190 millones de pesos que usufructuó tres años después por el triunfo en la reintegración de impuestos en el gobierno de Moreno Valle.
En el único contrato que la ASE acordó con Sistemas LAC se establece que la firma estaba comprometida a revisar la información anual de nóminas de 2008 al 2014, así como presentar información de estímulos fiscales de 2009 y 2010, mismos años que la compañía había evaluado previamente para hacer ganar al gobierno del estado 702 millones de pesos.
La evaluación a la ASE no sólo fue pactada de forma bianual como ocurrió con el Ejecutivo Estatal, sino que también se pretendía revisar de 2011 a 2014 para hacerles generar ingresos de esos años.
El contrato para realizar estas observaciones abarcó del 7 de octubre al 16 de diciembre de 2015, periodo en el que Sistemas LAC de forma simultánea ganó la recuperación del ISR con el gobierno del estado y ahora buscaba hacer lo mismo en la Auditoría.
Debido a que la ASE no continuó con el proceso para solicitar al SAT el pago de sus estímulos, la institución se salvó de caer en el mismo destino que el gobierno de Puebla. Y es que, recientemente, el gobernador Sergio Salomón Céspedes reveló que este proceso en realidad trajo consecuencias negativas al tener que pagar indemnizaciones por 2 mil 600 millones de pesos.
Lo anterior se explica luego de que en 2018, ya con Tony Gali al frente del gobierno de Puebla, el SAT les notificó que la devolución de impuestos de años atrás se efectuó de forma ilegal, toda vez que se sustentó en una disposición fiscal de 2008 a la que la administración de su antecesor se adhirió hasta 2011.
Esta disposición había sido emitida por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien emitió un decreto para otorgar beneficios fiscales a los estados por las retenciones del ISR, pero sólo sería efectiva si firmaban un convenio de colaboración con el gobierno federal antes del 30 de abril de 2009, fecha en la que aún era gobernador el priista Mario Marín y que para la gestión panista hubiera sido imposible acceder debido a los tiempos.
A grosso modo, de haber aceptado que Sistemas LAC gestionara el pago de sus retenciones, la ASE no solo hubiera caído en sanciones económicas por devoluciones de los años 2009 y 2010, sino también por los consecuentes: de 2011 a 2014.
SISTEMAS LAC, CON ESCASOS ANTECEDENTES LABORALES
A pesar de que Sistemas LAC apareció por primera vez en septiembre de 2010, poca información se desprende de la compañía a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y en internet, toda vez que no cuenta con página oficial y la mayor información que se obtiene es la que fue divulgada en recientes días por hacer perder al gobierno del estado 2 mil 600 millones de pesos.
A través de transparencia, se observa que la compañía únicamente estaba afiliada al padrón de proveedores de la ASE entre 2015 y 2017, mientras que desde el año 2021 el gobierno de San Pedro Garza García la identificó como ilocalizable. Desde su fundación en Puebla no se encontraron más contratos transparentados con instituciones fiscalizables.
De acuerdo con el Sistema de Información Registral y Catastral, Sistemas LAC inició en el 2010 con el administrador único Lauro Cobas González y como socio Francisco Javier Fletes, no obstante, en el año 2014 el primero renunció a sus acciones y cedió su posición al segundo. También fue adherida la persona Keren Hapuc Soto Salgado como socia.
La firma fue dada de alta con el fedatario Jorge Iván Salazar Tamez y bajo el objeto social de “prestación de servicios relacionados con la extracción y captura de campos de indexación”, “desarrollo de sistemas integrales de control de calidad aplicable a bases de datos”, “prestación de servicios de codificación para la extracción automatizada de campos de búsqueda”, entre otros.
