|Cirilo Calderón/ Ignacio Juárez
Desde 2012, la administración de Rafael Moreno Valle Rosas mañosamente buscó obtener del Sistema de Administración Tributaria (SAT) un estímulo fiscal para el estado, pero no fue sino hasta 2015 cuando mediante trampas legales, consiguió la devolución de 700 millones de pesos producto de un estímulo derivado de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que concluyó con una sanción a la entidad por 2 mil 600 millones de pesos.
Para esta trama financiera contrató a la empresa Sistemas LAC, la cual sería la encargada de gestionar ante el SAT la devolución de la bolsa millonaria de recursos, la cual se convertiría en un hoyo financiero para el estado.
Lo hizo mediante dos contratos firmados con el representante legal de dicha firma, Francisco Javier Fletes Gómez que por sus honorarios cobró la cantidad de 250 millones de pesos en 2012, y otro tres años después por 190 millones de pesos.
Documentos en poder de Hipócrita Lector comprueban la celebración de ambos contratos, firmados en diferentes años de la administración morenovallista, e incluso con diferentes titulares en la Secretaría de Finanzas.
En 2012, con apenas 13 meses como gobernador, Moreno Valle contrató a Sistemas LAC, SA de CV, a través de Marina Castro Moreno, entonces directora General de Administración de la Secretaría de Finanzas, para gestionar la devolución de los recursos ante el SAT correspondientes a los ejercicios fiscales 2011 y 2012.
Y es que cuatro años atrás, en 2008, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa emitió un decreto para otorgar beneficios fiscales a los estados por las retenciones del Impuesto Sobre la Renta enterados a la Federación.
Esto se realizaría vía la devolución de un porcentaje del ISR por cada ejercicio fiscal reportado. Así pues, para el 2009 el porcentaje de estímulo era del 60 por ciento; en 2010, del 30 por ciento y para 2011, el porcentaje a devolver era del 10 por ciento. Para 2012 se devolvería el 100 por ciento.
Dicho decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2008, estableció a los estados y municipios como requisito para acceder a dichos estímulos, firmar un convenio con el gobierno federal antes del 30 de abril de 2009. En ese timpo todavía fungía como gobernador de Puebla, Mario Marín Torres.
Las primeras acciones de Sistemas LAC fueron realizar un análisis de la situación fiscal del gobierno del estado de Puebla en materia de retenciones del Impuesto Sobre la Renta, efectuadas a los servidores públicos, con información proporcionada por la Secretaría de Finanzas.
Marina Castro contrató a dicha firma para elaborar y gestionar la consulta ante el SAT “en la que se otorgue al gobierno del estado el derecho de compensar los saldos a favor que pudiera llegar a tener, derivado de la revisión del citado decreto”, según menciona el inciso b) de la Segunda Cláusula del documento fechado el 6 de marzo de 2012.
Con ese antecedente anterior y ante las gestiones de Sistemas LAC en el SAT para devolución de los recursos de los ejercicios fiscales 2011 y 2012, la gestión de Moreno Valle nuevamente intentó recuperar recursos de años anteriores.
En abril de 2015 la administración morenovallista signó un contrató con dicha empresa para la gestión de los estímulos fiscales ante el SAT, de 2009 y 2010.
Sin embargo, en esta segunda ocasión, el contrato fue otorgado por adjudicación directa y fue firmado por Araceli Escalante Olvera, directora de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas y Administración, y no por Marina Castro que se incorporó a la oficina del gobernador Moreno Valle.
Posteriormente, en octubre de 2015, seis meses después de la firma del segundo contrato, se llevó a cabo una modificación al mismo, y es allí cuando se reconoce expresamente que el convenio entre Puebla y el gobierno federal para acceder a la devolución del ISR fue firmado en febrero de 2011, tres años después de la fecha límite establecida en el Decreto de 2008, lo que deja sin efecto cualquier posibilidad de acceder a los estímulos.
Sorprendentemente, la autoridad fiscal federal acuerdo la entrega de los 700 millones de pesos al gobierno del estado del estado y lo hizo a través de dos entregas en 2015 y 2016.
Fue hasta 2018, justo en el último trecho de la gestión de José Antonio Gali Fayad cuando el SAT detectó el engaño de la empresa y el gobierno del estado, por lo que exigió la devolución del dinero e impuso un crédito fiscal por mil 800 millones de pesos.
De acuerdo con el autor de La Quinta Columna, Mario Alberto Mejía, Antonio Gali estaba dispuesto a liquidar el adeudo exigido con el fin de no generar una cuenta mayor al estado pues por cada mes que se retrasara el pago habría una sanción adicional de 30 millones de pesos.
“Moreno Valle se opuso con toda la fuerza que le daba ser su jefe moral”, escribe el quintacolumnista, quien también da a conocer que el entonces subsecretario de Egresos de Gali, Rafael Ruiz Cordero alertó sobre el tamaño del quebranto financiero.
El exminigobernador tenía la opción de pagar el crédito fiscal que en su gestión ascendía a mil 800 millones de pesos, sin embargo, al final se impuso la vía jurídica y la administración estatal decidió irse a litigio en contra del SAT.
El juicio continuó en los tribunales al mismo tiempo que iba incrementándose el crédito fiscal.
Este asunto, reveló Mario Alberto Mejía, fue uno de los primeros motivos del distanciamiento entre Rafael Moreno Valle y Antonio Gali.
El pasado 5 de abril se cubrió en su totalidad un pago de 2 mil 600 millones de pesos tras negociar una quita o rebaja con el SAT, por 100 millones de pesos, con el fin de no generar una cuenta mayor al estado.
El pasado martes, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina destapó el boquete financiero generado desde 2015. En conferencia de prensa refirió que este caso “lastima e indigna”, sin embargo, descartó que se afecten los proyectos programados para los dos años que restan de administración y advirtió que se llegará a sus últimas consecuencias.
Rotundamente rechazó que su gobierno solicite una línea de crédito para subsanar este hoyo financiero.
