En un hecho inédito en la historia reciente del Ayuntamiento de Puebla, la gestión panista pretende abrogar el Código Reglamentario Municipal (Coremun) y sustituirlo con 32 nuevos reglamentos. A decir del regidor de Morena, Leobardo Rodríguez Juárez, no existe una justificación administrativa, jurídica ni financiera que sustente esta medida.
Pero el asunto se torna aún peor debido a que la iniciativa se elaboró al margen de los integrantes del Cabildo y la responsabilidad corrió a cargo de un grupo de administrativos contratados por la Comuna.
Para Rodríguez Juárez, el informe sobre los avances obtenidos en la conformación de estos reglamentos, pretende establecer criterios en temas como desarrollo urbano, medio ambiente y plantea el concepto de “una nueva visión de ciudad”, que para los integrantes de Morena resulta toda una incógnita, lo mismo que los cambios hasta la fecha.
“No sabemos qué articulados y temas están reglamentando. La Consejería Jurídica debió habernos acercado este insumo. Hace unos meses se nos hizo llegar un borrador, una primera propuesta, ha habido modificaciones múltiples y no conocemos cuáles son los documentos que están presentando”, expuso en la Comisión de Gobernación municipal.
El morenista apuntó que, aunque el Coremun necesita actualizarse continuamente, para los integrantes del Cabildo es necesario conocer el contenido de los 32 reglamentos que pretenden avalar, toda vez que estos fueron repartidos para su aval en cuatro comisiones distintas a discrecionalidad.
Expresó que, para votar este reglamento, era necesario primero informar cuáles son los alcances del Coremun, cómo está integrado actualmente y cuáles serán las modificaciones, de lo contrario, cabría la posibilidad de que incurrieran en contravenciones con la normatividad estatal o federal.
“No podemos aprobar un reglamento y suponer que el funcionario que está diseñando su llave, su candado, ha hecho su trabajo de manera adecuada, a lo mejor sí, tampoco voy a poner en duda su capacidad técnica y administrativa, pero a lo mejor no, también hay que decirlo claramente”, expuso.
Consideró que hubo premura para abordar el tema de la abrogación del Coremun, considerando los plazos que se requieren para sustituir a un documento que consta de más de 675 páginas y que deberían de presentar un análisis serio con el impacto jurídico, administrativo y financiero para conocer si el Ayuntamiento cuenta con capacidades para cubrirlas.
Rodríguez Juárez inclusive dejó abierta la posibilidad de que en la integración de los 32 reglamentos pudieran existir acuerdos entre las burócratas que conformen estos archivos que sirvan para satisfacer beneficios propios: “el constructor que se acerca con el analista, el contratista que se acerca con el analista, el jefe de departamento, el proveedor, el que quiere tumbar un árbol, el que quiere construir una casa, no podemos confiar a ciegas”, apuntó.
Asimismo, el presidente de la Comisión de Gobernación del Cabildo de Puebla, Miguel Ángel Mantilla, reconoció que son cuatro Comisiones del Ayuntamiento las que avalarán en total 32 reglamentos que reemplazarían al Coremun para posteriormente presentarlas ante el Cabildo de Puebla.
La justificación, dijo, es que el Coremun ha experimentado cambios en sus 20 años de existencia para adaptarse a las necesidades de la ciudad. Por ejemplo, la estructura de la norma presenta dificultades debido a su redacción consecutiva. Esto implica que, al agregar un nuevo artículo, no solo se incorpora directamente, sino que se deben utilizar términos como BIS, Tris, entre otros, generando complicaciones operativas.
Según el regidor panista, la Contraloría y la Sindicatura fueron extremadamente “quisquillosos” para revisar que la nueva reglamentación no se haya creado bajo conflicto de interés, con lo cual disintió de la opinión de su homólogo.
“Sí hubo áreas revisoras en las que se contemplaba esta situación, incluso diría yo, no solo al interior del Ayuntamiento. Hubo participaciones, por supuesto, no lo voy a precisar, de algunos gremios que la propuesta que hacían era exclusivamente para beneficiar a su gremio (…) Fueron confrontaciones que tuvimos con presidentes de organismos de todo tipo”, reconoció.
A la par, el consejero Jurídico de Presidencia, Juan Bosco Rosillo Martínez, defendió la abrogación del Coremun, al señalar que “no se parte de crear una ciudad”, sino de algo que ya existe que es el Coremun, por lo cual no habría necesidad de presentar el dictamen de los reglamentos con un comparativo preciso como lo solicitó Rodríguez Juárez.
#IMPORTANTE 🗣| Estoy favor de modernizar la normatividad del ayuntamiento, siempre y cuando se presenten debidamente los proyectos que avalan los 32 reglamentos propuestos. 📑 pic.twitter.com/NoxXy6yN3e
— Leobardo Rodríguez Juárez (@leobardorj) February 9, 2024
Aseguró que los reglamentos fueron sometidos a consulta de mejora regulatoria y estuvieron disponibles en internet, además de que habrá una consulta adicional a pueblos indígenas una vez que se concluyan los trabajos.
“La mejor forma para presentar esto no es necesariamente un cuadro comparativo, la mejor forma será entrar al análisis de cada uno de los reglamentos, por eso deben de pasar por las comisiones para generar esos análisis pertinentes”, dijo.
Luego de las declaraciones de Miguel Mantilla y el consejero, Rodríguez Juárez sostuvo que el tema no debe abordarse como una “caja negra”, en la que “metan” los temas y luego los saquen informando los resultados sin dar a conocer la metodología que se siguió para llegar a ese resultado.
