El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina anunció un incremento al salario de más de 14 mil 565 trabajadores al servicio de los tres poderes del Estado, quienes no habían recibido una nivelación salarial desde hace diez años.
Gracias a las economías generadas y en un acto de justicia laboral, subrayó, el personal de base, confianza y honorarios tendrán un aumento del 6 por ciento en sus percepciones; mientras que para quienes reciben menos de un salario mínimo, el incremento será del 20.4 por ciento.
Acompañado por integrantes de su gabinete, el mandatario informó que el incremento irá directo al salario y será retroactivo al mes de agosto, y asimismo se verá reflejado a partir de la segunda quincena de septiembre. En estos beneficios también están incluidos los trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE).
“La gente que trabaja en las dependencias, en los tres poderes y en la Fiscalía, no tienen un tema de color partidista, son poblanos y poblanas que de ese trabajo sacan adelante a sus familias”, apuntó.
Céspedes Peregrina destacó que con ello se beneficiará a las familias de los más de 14 mil 500 trabajadores que laboran en alguno de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del estado, para lo cual se destinarán recursos estatales por 232 millones de pesos.
“Con este esquema de fortalecimiento a los sueldos de puestos operativos y mandos medios en el gobierno, realizamos una acción de justicia salarial y equidad en la remuneración a la labor profesional de los servidores públicos, al tiempo que se fortalecerá el compromiso con la ciudadanía para brindar servicios públicos de calidad”, subrayó.
Céspedes Peregrina afirmó que para otorgar este beneficio a los burócratas no se requirió de ningún apuntalamiento ni de contratación de deuda pública, ya que los recursos se obtuvieron de las economías generadas por las plazas congeladas.
“El impacto presupuestal de este esquema de fortalecimiento se absorberá con los ahorros generados por el congelamiento de plazas y economías propias de cada dependencia, por lo que no generará un gasto contingente en las finanzas estatales, por lo que no tenemos necesidad de apalancamiento o endeudamiento alguno para llevar a cabo esto”, puntualizó.
Flanqueado por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Belinda Aguilar Díaz, el titular del Ejecutivo del estado dijo que con esta mejora salarial se busca hacer justicia a los trabajadores del Estado, a quienes incluso se les aplicó una disminución de un diez por ciento hace diez años y después les quitaron los bonos, indicó.
Dijo que se mantendrá la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues este incremento no se aplicará a los funcionarios de niveles superiores y aclaró que tampoco será aplicable al sueldo del gobernador.
También estuvieron presentes el fiscal general del estado, Gilbeto Higuera Bernal; el presidente del Consejo de la Judicatura, Eduardo Hernández; y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Héctor Sánchez, así como la secretaria de Planeación y Finanzas, Josefina Morales Guerrero, entre otros funcionarios y presidentes municipales.
En su mensaje, Sergio Salomón Céspedes explicó que durante el periodo de 2010 a 2022 el personal de confianza y honorarios del gobierno del estado no ha tenido un incremento salarial, empero la inflación acumulada en dicho periodo fue de más del 60 por ciento, y se vieron afectadas las condiciones salariales de los servidores públicos, principalmente de las categorías que menos ganan.
“Para reducir esta brecha del poder adquisitivo en la segunda quincena del mes de septiembre se otorgará un incremento general del seis por ciento a personal de base, confianza y honorarios, retroactivo al mes de agosto, adicional a esta medida, y con el propósito de poder nivelar al personal que se encuentra por debajo del salario mínimo, se aplicará un aumento de hasta un 20.4 por ciento en beneficio de 3 mil 677 empleados”, anunció.
Abundó que se tomó la decisión de anunciar estas mejoras salariales, después de realizar mesas de trabajo con las dependencias ante la necesidad de nivelar los salarios de quienes por mucho tiempo no fueron tomados en cuenta, pues es un acto de “estricta justicia”.
