Eran finales de 2019, el barbosismo recién establecido en el gobierno de Puebla inició una limpia en las diferentes áreas de la administración pública municipal y estatal para borrar la huella de corrupción heredada por administraciones pasadas.
Felipe Patjane Martínez, expresidente municipal de Tehuacán, fue el primero en sucumbir, lo que marcó un parteaguas en la entidad al tratarse de un perfil que cayó tras las rejas, aun siendo del mismo partido político.
Tres años después, esta justicia se ha visto materializada con la primera sentencia contra el exmorenista: 6 años con 3 meses de prisión, una multa económica de 8 millones de pesos y una inhabilitación por 15 años para ejercer un cargo público, participar en adquisiciones, arrendamientos y servicios u obras públicas, fue el castigo que recibió Patjane a petición de la Fiscalía General del Estado (FGE).
A esto hay que agregar que el exedil tendrá suspendidos derechos civiles y políticos por el tiempo que dure su pena privativa de la libertad, al haber cometido el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
En diciembre de 2018, a escasos dos meses de haber rendido protesta en el cargo como presidente municipal y tras una contienda electoral en la que recibió 67 mil 767 sufragios, Felipe Patjane celebró sin autorización del Cabildo, cinco contratos de obra pública por un monto superior a 8 millones de pesos, lo que generó un perjuicio en las arcas municipales.
Patjane fue aprehendido el 15 de noviembre de 2019 y este 27 de noviembre, poco más de tres años después, el Tribunal de Enjuiciamiento Unitario dictó fallo condenatorio en su contra.
No obstante, esta sentencia es sólo la punta del iceberg de una serie de pesquisas que aun corren a cuenta de la autoridad judicial, toda vez que el morenista deberá responder por posible peculado, abuso de funciones, usurpación de un cargo público y un posible desvío financiero de 120 millones de pesos a su paso por el Ayuntamiento de Tehuacán.
Felipe Patjane fue uno de los primeros personajes políticos detenidos ante la llegada del gobernador Miguel Barbosa Huerta, pero a la fecha suman 30 exservidores públicos tras las rejas capturados por distintos delitos.
Recientemente se dieron a conocer las detenciones del expresidente municipal de Teziutlán, Antonio Vázquez, por falsificación de documentos; Inés Saturnino, de Tecamachalco por desobediencia, resistencia de particulares y amenazas; así como Juan Navarro, de Ciudad Serdán, por un daño patrimonial de 22.7 millones de pesos.
LA CAPTURA Y LA BODA QUE NO FUE
El arresto de Felipe Patjane Martínez fue un acto organizado. Desde meses atrás las autoridades de procuración de justicia ya le seguían los pasos por malos manejos de los recursos municipales. El 15 de noviembre de 2019, el mismo día que tenía la intención de casarse con la exdirectora de Cultura, Paulina Vargas Sobrado, fue detenido en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
El fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, reveló que aunque los primeros trascendidos hablaban de que Felipe Patjane se dirigía a su boda en Cuernavaca, Morelos, en realidad su intención era esconderse en Estados Unidos, una vez tuvo del conocimiento sobre las órdenes de aprehensión que giraban en su contra por abuso de funciones y usurpación de cargo público.
Las primeras imágenes de su detención circularon en redes sociales de inmediato: Felipe Patjane lucía con una sudadera gris y gorra para tratar de ocultar su identidad, pero en las mismas fotografías aparece a su lado el director de la Agencia Estatal de Investigación, Juan Luis Galán Ruiz, quien personalmente logró su aseguramiento.
Tan sólo cuatro días después de su aprehensión, es decir, el 19 de noviembre de ese mismo año, Felipe Patjane sumó otro proceso en su contra por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas, por lo que también fue vinculado a proceso al igual que ocurrió el 18 de febrero de 2021, cuando el morenista fue vinculado a proceso por abuso de autoridad bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
En su primer año de gobierno, Felipe Patjane ya era investigado por un supuesto desvío de recursos por más de 120 millones de pesos, además de que también han sido capturados con el paso del tiempo otros funcionarios como el exdirector de Seguridad Pública, la contralora, el tesorero municipal, un regidor y la exdirectora de Adjudicaciones y Licitaciones.
Luego de una serie de situaciones de ingobernabilidad que se registraron en Tehuacán tras la detención de su presidente municipal, en septiembre de 2020, el Congreso de Puebla aprobó un dictamen con el que pretendían disolver el Cabildo de Tehuacán, aunque la resolución no entró en vigor, toda vez que sería hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera el acto de inconstitucionalidad promovido por el entonces presidente municipal suplente, Artemio Caballero.
