El Congreso del Estado de Puebla analizará una serie de iniciativas enfocadas en garantizar el acceso efectivo al sistema de justicia para mujeres indígenas, así como fortalecer la protección legal de sectores vulnerables.

La diputada Elisa Limón Balderrabano presentó una propuesta para reformar diversas disposiciones del Código Penal del Estado, con el objetivo de asegurar que las mujeres indígenas cuenten con herramientas legales y procesales que garanticen su seguridad y derechos. La iniciativa incluye agravantes para delitos cometidos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes indígenas.

La diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez propuso reformar el artículo 407 del Código Penal para establecer agravantes específicas en casos de fraude cuando las víctimas sean mujeres indígenas, afromexicanas, migrantes, personas adultas mayores o con discapacidad, así como cooperativas y pueblos indígenas.

La diputada Beatriz Manrique Guevara presentó una iniciativa para sancionar a quienes recluten o utilicen a menores de edad para actividades delictivas, además de reconocerlos plenamente como víctimas y garantizar su protección y restitución de derechos.

La diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala propuso modificar el Código Civil del Estado, con el objetivo de eliminar lenguaje discriminatorio y promover una sociedad inclusiva. Junto con el diputado Pavel Gaspar Ramírez, también presentó una iniciativa para exigir que, antes de autorizar un matrimonio, se verifique que los contrayentes no estén inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

El diputado Andrés Iván Villegas Mendoza presentó una reforma al Código Penal para establecer que el robo de autopartes se castigue con cuatro a ocho años de prisión y una multa de 300 a 600 UMA.

Todas estas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

La diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Pública del Estado, incorporando como obligación de los presidentes municipales supervisar la profesionalización, certificación y presupuesto del Cuerpo de Seguridad Pública Municipal. La propuesta fue enviada a la Comisión de Seguridad Pública.

El diputado José Luis Figueroa Cortés propuso sancionar con 10 a 20 años de prisión y multas de 1,500 a 3,000 UMA a quienes ofrezcan programas educativos sin RVOE, sin informar adecuadamente a los estudiantes.

Entre los puntos de acuerdo presentados destacan:

• Programa gratuito para reponer documentos civiles perdidos por lluvias en la Sierra Norte.

• Solicitud para que jueces realicen las anotaciones marginales correspondientes en actas de nacimiento.

• Petición para que el Instituto Registral y Catastral realice sin costo las inscripciones de regímenes conyugales.

Los exhortos fueron turnados a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.