Con la Ley Monzón, que se podría aprobar en el Pleno del Congreso de Puebla en los próximos días, los jueces deberán valorar en beneficio de los menores de edad la guarda y custodia de la patria potestad, pues no pasará en automático para la familia de la madre víctima de feminicidio.
Así lo señaló la bancada del Partido del Trabajo (PT) en conferencia de prensa, la cual enfatizó que se debe trabajar en otras reformas para garantizar los derechos de las mujeres durante el resto de la LXI Legislatura.
Ante esto, colectivas consideraron que se debe generar un protocolo de atención desde el Poder Judicial del Estado, a fin de garantizar que la patria potestad y guardia custodia de los menores de edad quede en las mejores condiciones de vida para evitar entornos de violencia e inseguridad.
La legisladora del PT, Mónica Silva Ruiz, reconoció que en la modificación al Código Civil del Estado no se estableció que el juez le otorgue de forma automática la patria potestad, guardia o custodia de los menores de edad a la familia materna del menor de edad, ya que en varios casos no guardan relación con sus miembros.
La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local explicó que en estos casos los jueces velarán por el destino que más le convenga al menor de edad, víctima indirecta del caso.
Mónica Silva rechazó que existan lagunas legales en el dictamen que se aprobó en comisiones del Congreso del Estado e indicó que tras la sentencia se deberá proteger al menor, a fin de que tenga un hogar seguro.
“El juez de lo familiar tendrá que hacerse saber de cuál es el entorno del menor, con quién convive más, con quién era su entorno, si era el vínculo de la vida paterna o de la vida materna, e incluso se podría considerar que no tiene familiares en línea ascendente”, enfatizó la legisladora por el distrito de Amozoc.
El coordinador de la bancada del PT, Antonio López Ruiz, reconoció que existen “lagunas legales” en materia de violencia contra las mujeres, por lo que aún falta mucho para erradicar los feminicidios, es por ello que el compromiso del PT será continuar con acciones para tener igualdad.
“Los hombres deben de dejar de minimizar la violencia de género y sobre todo los políticos deben de ponerse a trabajar”, externó el legislador del distrito 20 de la ciudad de Puebla.
En tanto, Cinthya Ramírez, vocera de la colectiva REDefine Puebla, apuntó que además de la reforma se requiere trabajar en un protocolo en el Poder Judicial, para que los jueces evalúen la mejor situación, a fin de que los menores de edad se encuentren en un escenario para su desarrollo.
Indicó que no debe quedar solamente en un tema de perspectiva de género del Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado, pues se debe considerar una perspectiva de derechos humanos de las infancias.
Cynthia Ramírez opinó que dentro de este protocolo, los ministerios públicos y jueces deben considerar cómo se investiga la muerte violenta de una mujer, pues en muchos casos estos no son analizados desde un inicio como feminicidios, además de que deben revisar que el menor de edad no quede en custodia de un presunto feminicida.
“Generar un protocolo nos va a dar un parteaguas de cómo se van a investigar estos casos, habla de la patria potestad, de quién tendría la patria potestad en estos casos, sobre si esta persona que agredió o cometió un feminicidio, para empezar si se está investigando cómo feminicidio.
“Tenemos que partir de ahí, de cómo se accede a la justicia de la muerte violenta de una mujer, sabemos que en muchos casos los feminicidas están libres y podría pasar esto, que terminen las infancias en manos de un padre que fue feminicida o de la familia, entonces ahí tendrían que haber investigaciones claras y puntuales”, externó la activista.
Agregó que también se necesita analizar el entorno en que se desarrollará el menor de edad, ya que en muchos casos la patria potestad o custodia, queda en manos de la familia del feminicida, pues las víctimas indirectas llevan dos procesos por separado, el asesinato de la madre y la lucha por la custodia del menor.
Hasta abril del año pasado, en Puebla se tenían reconocidos a 81 menores de edad huérfanos por el asesinato de su madre o por el proceso legal que enfrentaba su padre, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado, sin embargo, esta cifra no se ha actualizado.
En tanto, Sandra Soto, representante de la agrupación Huérfanos por Feminicidio, refirió en entrevista para la Jornada de Oriente que en Puebla, no se cuenta con un registro oficial de víctimas indirectas por feminicidio que hayan perdido a sus madres y que dependan del apoyo del Estado para subsistir.
La representante de REDefine señaló que se requiere actualizar el dato de los menores de edad en esta situación, ya que a pesar de las cifras que puedan dar las autoridades se tiene una cifra negra que es mayor de menores es esta condición de incertidumbre.
