Iván Rivera/Ignacio Juárez
Corría el mes de mayo de 2020. El mundo atravesaba uno de los peores momentos por la pandemia de la Covid-19. Eran tiempos en que la economía estaba con las cortinas cerradas, las familias tuvieron que resguardarse, las calles lucían solitarias y un grueso importante de población necesitaba un apoyo urgente porque vivían al día en su alimentación.
También era tiempo en que los gobiernos de todos los colores anunciaban, como si fuera feria, una serie de apoyos para las familias. Claudia Rivera Vivanco, entonces presidenta municipal de Puebla, no fue la excepción. El problema es que su plan de apoyo de 27 mil 600 despensas y kit sanitarios escondía uno de los más graves casos de corrupción de su gestión. En otras palabras: mientras la peor crisis sanitaria azotaba la entidad y la capital poblana, los funcionarios del DIF municipal hacían negocios a costa de todos.
Las irregularidades iban desde facturas canceladas, pagos requisitados que después pretendieron ocultar, contratos que no coinciden con los montos erogados y hasta la incógnita sobre el paradero de 18.3 millones de pesos entregados a la empresa Comercializadora de Productos y Servicios de Puebla.
Pero eso solo era la punta de la madeja en una compleja red de presunta malversación de fondos de la gestión de Claudia Rivera Vivanco, para justificar la adquisición de 27 mil 600 despensas que formaba parte del programa de apoyo alimentario por la emergencia sanitaria.
La operación fiscal realizada por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en la capital poblana, encabezado por Mayte Rivera Vivanco, abrió la puerta para una investigación por quebranto a las finanzas municipales, así como las sospechas de peculado.
Por esa razón, el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Puebla, Jesús Zaldívar Benavides, presentó una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General de la República por los delitos de colusión, peculado, desvío de recursos, abusos de funciones y tráfico de influencia.
Mientras que al proveedor se le pretendía fincar responsabilidades por una presunta participación ilícita, colusión y uso de información falsa.
De acuerdo con Zaldívar Benavides, el sospechoso programa de entregas de despensas habría violado, sin que sea lo único, tres leyes: la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Adquisiciones y Arrendamiento del Estado de Puebla y la Ley General de Responsabilidad de los Servidores Públicos.
A dos años de presentada la denuncia en contra de la administración de Claudia Rivera Vivanco, el dirigente del PAN municipal decidió reactivar el proceso ante la inacción de Francisco Romero Serrano, extitular de la ASE y hoy detenido por lavado de dinero, quien pese a tener todas las evidencias nunca actuó en consecuencia.
El viernes pasado, Zaldívar Benavides requirió al encargado de despacho de ASE, Rubén de la Fuente Vélez, información sobre el avance del procedimiento y no ofrecer ni perdón ni olvido a este desfalco.
Presenté una solicitud a la Auditoría Superior del Estado (@AsePuebla) para saber el estatus sobre la denuncia realizada hace 2 años en contra de @RiveraVivanco_ por la compra de kits de salud y despensas a sobre costo, un acto de corrupción exhibido en medios de comunicación. pic.twitter.com/ijd7WzKN4f
— Jesús Zaldívar (@JesusZaldivarB) April 29, 2022
Los involucrados
En las investigaciones no solo están involucradas la exalcaldesa y su hermana, Mayte Rivera Vivanco, también lo están exfuncionarios como Armando Morales Aparicio en calidad de Tesorero; José María Sánchez Carmona como excontralor, así como la directora administrativa del DIF, María del Carmen Jiménez Brito; el director jurídico Luis Álvaro Necoechea; y la jefa del Departamento de Recursos Materiales, Jedppy Blázquez; lo mismo que Enrique Gómez Haro, a la sazón secretario Técnico del Comité de Adjudicaciones de la Secretaría de Administración.
En el escrito dirigido a la ASE, el líder municipal del PAN solicitó conocer a la brevedad avances en las investigaciones por “la comisión de diversas conductas y omisiones que se puedan encuadrar como faltas e infracciones a diversas disposiciones constitucionales y legales”.
Zaldívar manifestó que la gestión morenista no sólo habría lucrado con la pandemia en la compra de despensas, sino que también emitieron otras licitaciones con claros vicios de ilegalidad, tales como la adquisición de bolardos o los ventiladores de respiración asistida inservibles, por lo que exigió a la Contraloría municipal no ser omisa y canalizar cualquier delito con la Fiscalía General del Estado.
Por otro lado, denunció que el defenestrado auditor Francisco Romero Serrano debió haber investigado a fondo las denuncias por corrupción en la pasada administración municipal, por lo que ante su despido el encargado de despacho de la ASE deberá dar continuidad a las investigaciones.
“Queremos que se llegue hasta las últimas consecuencias, a nosotros no se nos olvida, esto más allá de un delito fue un acto inmoral, lucrar en el momento en que todas nuestras familias necesitaban el apoyo de las autoridades, no tiene perdón el haber hecho negocio con la tragedia de todos nosotros”, sentenció.
El reportero Ignacio Juárez Galindo, entonces jefe de información de ContraRéplica Puebla y hoy director Editorial de Hipócrita Lector, fue el encargado de dar a conocer, los primeros días de junio de 2020, el negocio que la Comuna hizo con las despensas. Esta situación llamó la atención de los diputados de la LX legislatura, quienes citaron a la morenista Claudia Rivera a dos comparecencias para explicar ésta y otras compras que implicarían actos de corrupción.
En el escrito que presentó la munícipe, reveló que la entonces directora del Sistema Municipal DIF, Silvia Jaime Hernández, reconoció que la dependencia canceló tres facturas y justificó que se trató de un error administrativo, ya que eran tiempos en que sólo trabajaba la mitad personal y eso llevó a las pifias.
LA TRAMA DE CORRUPCIÓN
3 de abril de 2020. El DIF municipal y la empresa Comercializadora de Productos y Servicios de Puebla firman un contrato para la adquisición de 27 mil despensas a un costo unitario de 291.40 pesos más IVA.
13 de abril de 2020. Comercializadora emite la factura 574 por el pago de 18 mil 925 despensas, con un valor unitario de 198.20 pesos. En un hecho inusual, la factura fue pagada el mismo día y establecía un monto de 4.3 mdp.
20 de abril de 2020.
- Comercializadora emite la factura 576 que será utilizada para sustituir la 574. El monto es por 4.3 mdp en la adquisición de 9 mil 670 despensas, a un costo unitario de 386.9 pesos, es decir, 9 mil 255 paquetes menos y con un costo mayor casi al doble del precio original.
- Se emite la factura 577, por un pago de 4.6 millones de pesos por 10 mil 330 despensas, con un valor unitario de 386.89 pesos, la cual fue liquidada sorpresivamente un día después. Hasta ese momento, el SMDIF llevaba gastados 8.9 millones por 19 mil 585 despensas, casi el doble del monto inicial y una mínima diferencia en el número de paquetes.
27 de abril de 2020.
- El DIF municipal reporta la sustitución de la factura 574 por la 576.
A decir de Jesús Zaldívar, líder del PAN municipal, la factura 574 permitió a los funcionarios del DIF municipal tener la disponibilidad de los 4.3 millones de pesos, ese dinero lo utilizaron para comprar todos los productos a granel y por volumen en efectivo. Con las nuevas facturas (576 y 577) podrían justificar el sobrecosto y obtener una ganancia ilícita.
29 de abril de 2020.
- Jesús Zaldívar confronta los costos anunciados por el Ayuntamiento de Puebla: la inversión de 12.4 millones para la adquisición de 27 mil de paquetes alimentarios, es decir, con un promedio de 460 pesos por despensa. Para comprobar el sobrecosto, presentó tickets de supermercados en los que se demostraba que los mismos productos sumaban un monto de casi 160 pesos.
- Ante la denuncia, Comercializadora de Productos y Servicios de Puebla emite la factura 597, por 8.9 millones de pesos en la adquisición de 26 mil 624 despensas, a un costo unitario de 291.40 pesos. Nuevamente de manera inusual, la transferencia de los recursos se realiza un día después. A decir de Jesús Zaldívar, los involucrados intentaron cuadrar toda la operación con la nueva factura.
6 de mayo de 2020.
- El SMDIF cancela las facturas 576 y 577 sin ninguna explicación y a pesar de que el dinero había sido entregado a la empresa vía transferencia bancaria.
- Comercializadora emite la factura 608, por 329 mil 911 pesos por la adquisición de 976 despensas, con un precio de 291.40 más IVA.
CITA
“Primero, generaron una factura que les permitiera tener el dinero en efectivo, con esos recursos compraron a granel los insumos y sin IVA. Luego, intentaron comprobar el gasto y se inflaron costos, por eso la emisión de dos nuevas facturas. Al verse sorprendidos, trataron de cuadrar todo conforme a lo que establece el contrato, pero las facturas y los pagos realizados anteriormente por las autoridades municipales -como se establece en las transferencias realizadas-, demuestran que es muy posible que el contrato haya sido realizado posteriormente e intentaron ajustar todos a su conveniencia. Al final, la adquisición fue por asignación directa y no hubo licitación ni concurso”
Jesús Zaldívar Benavides
Dirigente del PAN Municipal
