El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reveló que, dentro del Poder Judicial, personajes han intentado utilizar su nombre para lograr tráfico de influencias, por lo que aseguró que se tomarán medidas contundentes contra cualquier persona que intente beneficiarse de relaciones personales o políticas bajo el falso argumento de contar con su respaldo.
Armenta Mier aseveró que ningún funcionario o particular tiene el derecho de hablar en su representación ni de utilizar su nombre para ejercer presión sobre jueces o magistrados, pues quienes incurran en estas prácticas enfrentarán consecuencias legales.
“Quien llegue al Poder Judicial a nombre de su servidor a querer influir en los órganos del Tribunal Superior de Justicia está cometiendo un delito que se llama tráfico de influencias. Porque hay algunos que han llegado y que sienten que la amistad les otorga pasaporte a la impunidad o al influyentísimo”, advirtió.
El gobernador también hizo un llamado a los integrantes del Poder Judicial para que actúen con total independencia y no se dejen influenciar por quienes intentan utilizar contactos o amistades para obtener beneficios indebidos.
Armenta Mier reveló que ya se han identificado casos de personas que han acudido al Tribunal Superior de Justicia buscando influir en los órganos internos de esta institución bajo el argumento de contar con su apoyo.
El gobernador aseguró que su administración ya está investigando estos casos y que se aplicará la ley sin excepciones contra quienes busquen manipular la justicia en su beneficio.
“Estamos investigando y actuaremos con firmeza contra quien lo haga. En el Poder Judicial solo hay una relación institucional con quienes presiden los órganos de representación. Algunos se quieren pasar de vivos, pero no lo vamos a permitir”, sentenció.
Este martes, Armenta Mier también criticó el papel del Poder Judicial, al considerarlo responsable del saqueo que ha sufrido el estado, debido a que sus resoluciones favorecen a intereses privados en detrimento del bien público.
Señaló que muchas de las concesiones otorgadas, como la de Agua de Puebla, se han traducido en una carga económica para la población, ya que las resoluciones judiciales siempre han protegido a los inversionistas.
El gobernador también mencionó que, aunque se han logrado avances en la revocación de contratos “leoninos”, la solución requiere que se respete el marco legal y que las autoridades judiciales actúen de manera imparcial, lo que se logrará con la próxima reforma al Poder Judicial.
