Con penas de hasta siete años de prisión y agravantes de hasta dos años más, el próximo jueves 8 de junio se presentará un paquete de iniciativas de reformas para combatir el denominado “sicariato digital”, con lo que Puebla será pionero en legislar sobre ciberviolencia de género a nivel nacional.
Lo anterior según informó la activista Edurne Ochoa Ledesma, fundadora y presidenta de la organización 33 Mujeres, quien dio a conocer que se busca generar un mayor alcance para combatir a la violencia digital ante los vacíos que existen en la legislación actual.
La violencia digital está legislada mediante la figura de delitos a la intimidad, violencia mediática y el ciberacoso, sin embargo, no es suficiente ya que esta actividad delictiva impacta en infancias y trastoca el ámbito político, digital y la inteligencia artificial.
El paquete de iniciativas está integrado por reformas al Código Penal del Estado, a la Ley para Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado y de manera interna a la normatividad de algunas áreas de la administración pública estatal para establecer protocolos, capacitación y respuesta efectiva hacia las personas que sean víctimas de la ciberviolencia.
En entrevista, Edurne Ochoa explicó que la propuesta surge, lamentablemente, a partir de haber vivido en experiencia propia la ciberviolencia, ya que durante 2023 fue víctima de ataques en sus redes sociales y aparatos telefónicos, empleando tecnología avanzada.
“Hay extracción de sms, extracción de fotografías, te graban tus telecomunicaciones, he tenido llamadas telefónicas amenazándome, he tenido temas de ciberacoso, ha habido un tema de intervención y extracción ilegal de mi dispositivo móvil”, expuso.
A partir de su experiencia, continuó, al momento de presentar tres denuncias penales por los ataques recibidos se encontró con varios vacíos legales, por lo que, tras una consulta con expertos en ciberseguridad y violencia digital, se llegó detectar a “sicarios digitales”, de donde surgió el término de su iniciativa.
En esta propuesta se han sumado ya otras organizaciones que han documentado diversos casos que demuestran que México es un “paraíso” para que los gobiernos y particulares utilicen sistemas de espionaje, siendo periodistas, activistas y defensores de derechos humanos los principales objetivos, refirió.
Ochoa Ledesma advirtió que las personas han normalizado situaciones irregulares que mayormente ocurren en teléfonos inteligentes y que podrían tratarse de ciberataques, debido a la falta de una educación digital.
“No conocemos las medidas para proteger nuestros dispositivos o las tecnologías de la información. Y lo mismo le pasa a las infancias, cada día les llega más contenido, a lo mejor un tema de fotografía, un tema de trata (de personas), muchas mujeres son sustraídas de sus espacios a través de la digitalidad”, advirtió.
Por ello, el paquete de iniciativas contiene una propuesta para implementar una política pública para fomentar la educación digital desde el sistema educativo estatal, con la finalidad de avanzar en la prevención entre los adolescentes y jóvenes.
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA CIBERVIOLENCIA
Se trata de avanzar al mismo ritmo de la tecnología, consideró Edurne Ochoa, ya que en otros países se están poniendo límites, inclusive, a la Inteligencia Artificial (IA) “que tiene algo que yo le llamo ‘violencia dormida’”, aseveró.
En ese sentido, explicó, gracias al empleo de la IA se pueden crear contenidos falsos, alterados o distorsionados de la realidad, provocando que cualquier persona con acceso a la IA pueda generar una perspectiva equivocada de las personas.
“Hoy la Inteligencia Artificial te desnuda, hoy la Inteligencia Artificial simula tu voz, hoy la Inteligencia Artificial con tu rostro y reconocimiento puede hacer un video de algo que tú nunca dijiste, sacarlo de contexto, meterlo en el espacio público, viralizarlo y ahora, contén eso”, expresó.
Por ello, consideró que en un contexto electoral, la legislación contra el “sicariato digital” ayudará a los políticos, pero sobre todo, a las infancias y a las mujeres quienes sufren el impacto de la ciberviolencia de una manera desproporcionada.
De acuerdo con su propuesta, se establecen hasta siete años de cárcel con una agravante de dos años cuando se trate de mujeres y menores de edad, por el impacto desproporcional que tiene esta actividad en su contra. La ciberviolencia vinculada a la actividad política contra las mujeres también tendría una agravante, de acuerdo con la activista.
Con apoyo de organismos internacionales, Edurne Ochoa espera contar con el respaldo de todos los partidos en el Congreso del Estado al momento de presentar la iniciativa, la cual expondrá en Washington por invitación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en próximos días.
