La campaña de desprestigio contra el gobernador Miguel Barbosa sobre el caso Udlap no es más que un “refrito acomodado”. Así lo dijo el mandatario, quien cuestionó que la revista Proceso se haya convertido en el vocero de la familia Jenkins para defender el desfalco multimillonario a la Fundación Mary Street Jenkins permitido por el morenovallismo.
El pleito y la polémica originada tras la toma de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) ha entrado en una etapa de golpeteo político contra el Ejecutivo poblano, que negó toda injerencia en el tema legal para la liberación del campus, como acusan periodistas y medios “contratados” por la familia acusada del desfalco y el saqueo a la fundación.
Al respecto, el gobernador reiteró su posición: serán los tribunales que llevan el caso de Guillermo Jenkins de Landa contra sus hermanos por la apropiación de más de 720 millones de dólares que fueron enviados a paraísos fiscales quienes determinen las responsabilidades correspondientes, además de que retribuyan todo a la FMSJ.
“La revista Proceso en todo este litigio que se ha dado por aclarar el desfalco del que fue objeto la Fundación Mary Street Jenkins y su patrimonio, y como parte de su patrimonio, la Udlap, ha jugado un papel de estar a favor de los que desfalcaron a la fundación de manera muy clara, no sé si estén actuando convencidos que esa es la parte legal del asunto o si están contratados, pero han sido muchas las declaraciones”, declaró Barbosa Huerta.
Sobre el reportaje de Proceso, el gobernador consideró que tomaron hechos viejos y los acomodaron para que encajara en una supuesta apropiación de parte del Ejecutivo para obtener el control de Udlap y los 720 millones de pesos, aunque aseveró que todo se trata de una manipulación mediática para intimidar a su gobierno y provocar el cierre de la institución privada.
“El reportaje que publican el fin de semana (Proceso) es una bola de refritos acomodados para ponerse de lado de parte de los que desfalcaron a la Fundación, así de simple. Los asuntos están planteados ante tribunales, tendrán que ser ellos quienes resuelvan las cosas, no el gobierno”, insistió el gobernador.
Lo que sí cuestionó fue el hecho de que el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) se haya subido al tema de la Udlap y el saqueo de los Jenkins, tema que, apuntó, fue permitido por la administración de Rafael Moreno Valle a través de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privadas.
