El gobernador Miguel Barbosa Huerta aclaró que el proceso judicial que enfrenta el auditor Superior del Estado, Francisco Romero Serrano, es derivado de una investigación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), además de que su suspensión no tiene tiempo definido.
En su habitual conferencia matutina, el mandatario comentó que su administración no fue quien denunció al auditor, sino que proviene de un proceso penal ordenado por la UIF, derivado del tema de uso irregular de recursos y de procedencia ilícita.
“En el caso del auditor, no fue el Gobierno del Estado proviene de investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (…) un proceso por delitos financieros, operaciones con recursos de procedencia ilícitos”, mencionó.
Barbosa Huerta aclaró también que la suspensión de Romero Serrano de su cargo no tiene un período definido, pues puede durar este tema hasta 6 meses en lo que se desahoga su proceso por violencia familiar y el tema de uso indebido de recursos.
Ante esto, cuestionó que versiones manejen que serán 30 días los que permanecerá como titular de la ASE antes de que nombren a un suplente, no obstante el mandatario explicó que este será un proceso que tendrá temporalidades diferentes.
“El señor auditor está suspendido de su cargo, esa es una cosa, otra es el trámite que iniciaron para la remoción del cargo, que debe tener el acuerdo y su procedimiento (…) su suspensión es una medida cautelar que funge mientras dure la complementación del expediente”, apuntó.
