“El combate a la corrupción debe ser un acto intransigente de la autoridad”; este ha sido la consigna del gobernador Miguel Barbosa Huerta a lo largo de su administración, lo que en cifras se puede explicar de la siguiente forma: diariamente en el estado de Puebla son presentadas tres denuncias contra servidores públicos y de 2020 a la fecha, suman 2 mil 821 querellas penales de este tipo.
Detrás de los números que reporta la Fiscalía General del Estado (FGE) en su apartado incidencia delictiva por municipio, se esconde el trabajo de 34 meses de gobierno en que el Poder Ejecutivo ha denunciado, por presunta corrupción, a funcionarios estatales como Guillermo Aréchiga, en la Secretaría de Movilidad y Transporte; Jorge Benito Cruz Bermúdez, exdirector del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), o recientemente a Abelardo Cuellar, exsecretario de Trabajo.
Las denuncias por delitos cometidos por servidores públicos han ido en aumento desde que el gobierno estatal emanado de Morena asumió el mando de Casa Puebla. Un ejemplo es que de 2015 a 2018, menos de 63 denuncias por este ilícito fueron presentadas en la entidad anualmente.
La permisividad de las autoridades estatales ante hechos de corrupción comenzó a ser erradicada a partir de 2020. Y es que, en ese año, con Miguel Barbosa Huerta al frente del gobierno del estado, las denuncias por corrupción contra servidores públicos incrementaron 72 por ciento, con respecto al año inmediato anterior, pero mil 174 por ciento superior si se compara con 2018.
Esto significa que en 2018 solo fueron presentadas 63 denuncias por delitos cometidos por servidores públicos en todo el año; en 2019, se tiene registro de 672 y, en 2020, mil 160 carpetas de investigación integradas por este ilícito.
Durante los siguientes años, la estrategia contra la corrupción del gobierno estatal se ve reflejada en las cifras de delitos del fuero común: en 2021, la fiscalía que dirige Gilberto Higuera Bernal integró mil 202 denuncias y, de enero a mayo del año en curso, suman 459 querellas, lo que significa que cada día se integran en promedio tres denuncias por delitos cometidos por servidores públicos.
CAEN FUNCIONARIOS POR CORRUPCIÓN
Hasta el cierre del 2020, Barbosa Huerta reveló que más de 150 denuncias penales ya habían sido presentadas contra servidores públicos de pasadas administraciones, desde funcionarios de bajo perfil hasta el mismo exgobernador panista Antonio Gali Fayad.
El mandatario no titubeó al asegurar que integrantes de su gestión fueron denunciados por diversas irregularidades detectadas pues no se permitiría la impunidad.
“Tenemos múltiples denuncias contra servidores de los gobiernos anteriores, de los niveles más altos que ejercían el poder en Puebla (…) las decenas que tenemos presentadas son por anteriores administraciones a niveles altos, ‘de la ga a la g’, todos están metidos”, sostuvo.
En abril de este año, el titular del Poder Ejecutivo adelantó que entre el cúmulo de denuncias que han impulsado, están por integrar carpetas contra el exauditor de Puebla, Francisco Romero Serrano, por anomalías que aún no han sido reveladas, pero que se añadirían a la delación presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su contra por presunto lavado de dinero y evasión fiscal por 427.1 millones de pesos.
Entre las querellas presentadas por el gobierno de Puebla también se encuentra una dirigida hacia la administración del panista Tony Gali, por desvío de recursos por alrededor de 236 millones de pesos que habían sido etiquetados para el seguro para la Reconstrucción por Desastres Naturales.
Otra de las tantas denuncias que presentó el gobernador fue contra el extitular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, José Guillermo Aréchiga Santamaría, a quien se le atribuyó la operación de empresas fantasmas, aviadores y una supuesta relación con bandas del crimen organizado en Tepeaca.
“El gobernador no se vincula con nadie en ningún acto irregular. Ni recibe canonjías de nadie. Ni de ningún área gubernamental. Las decenas de denuncias que tenemos presentadas son por irregularidades cometidas por servidores públicos de gobiernos anteriores, a los niveles más altos”, sostuvo el mandatario tras la captura de Aréchiga.
Estas investigaciones han derivado también en la creación de la Política Estatal Anticorrupción que se compone de cinco ejes estratégicos, cinco generales, 12 específicos y 50 prioridades de política pública y en la que participan tanto el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez.
