El delito por un monto de 46 mdp se suma a otros tres por los que está preso en Tepexi; en este caso, su mamá también está implicada.

José Arturo Rueda Sánchez de la Vega, preso en el penal de Tepexi por tres delitos, recibió una cuarta vinculación a proceso por defraudación fiscal, que involucra un monto de 46 millones de pesos, por el edificio, que nunca fue reportado a las autoridades, que alberga las instalaciones de Diario Cambio —donde se despachan otros negocios—, medio de comunicación en el que también es socio propietario, con 34 por ciento de las acciones, el diputado federal Moisés Ignacio Mier Velazco.

De acuerdo con fuentes del caso, en este asunto también está mencionada la mamá de Arturo Rueda, la señora Lilia Guadalupe Sánchez de la Vega Ramos, quien habría sido involucrada por su vástago como propietaria en un porcentaje del inmueble que, fiscalmente, no existe, pues sigue registrado ante el municipio de Puebla como un “predio
urbano baldío”.

José Arturo Rueda fue arrestado en la Ciudad de México el sábado 21 de mayo, por el delito de extorsión, del que ya quedó vinculado a proceso y se han venido sumando otras más por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI), asociación delictuosa y, ahora, también defraudación fiscal.

El todavía director de Diario Cambio, pues no ha habido relevo en ese cargo, funge como propietario, con otras personas, del inmueble que está ubicado en la Privada 33 A Oriente, 1407, en el Fraccionamiento Anzures del municipio de Puebla.

Tiene cuatro niveles y espacios de lujo, aunque sólo tiene existencia física, pues todo su proceso de construcción, los permisos municipales para ello, las licencias, los registros catastrales y de predial que avalen su erección y, principalmente, los reportes financieros y fiscales sobre el dinero que se utilizó para la obra, no existen.

LA OPERACIÓN ANGELÓPOLIS

La cuarta vinculación a proceso de quien se hacía llamar en redes Nigromante Rueda se dio hace un par de semanas y los dos equipos de abogados que llevan la carga de su defensa, fueron notificados en tiempo y forma.

Rueda, al igual que el diputado Mier Velazco, fueron señalados por los periodistas Víctor
Hugo Arteaga y Néstor Ojeda, en una investigación que puso a la luz la llamada Operación Angelópolis, por medio de la cual 33 empresas, entre ellas Multisistemas de Noticias Cambio SRL de CV (nombre fiscal de Diario Cambio), lavaron más de 471 millones de pesos.

El reportaje tiene como base una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (SHCP), en la que le pide que proceda contra los involucrados en lavado de dinero, ORPI y evasión fiscal.

En el documento, se establece directamente la responsabilidad de Rueda Sánchez de la Vega (preso en Tepexi), el exauditor Francisco Romero Serrano (encarcelado en el mismo centro penitenciario) y el representante de varias de las entidades con que presuntamente delinquieron, Florentino Daniel Tavera Ramos (interno del penal de San Miguel en la ciudad de Puebla).

En la trama descrita en la Operación Angelópolis, se menciona reiteradamente al coordinador de los diputados federales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Moisés Ignacio Mier Velazco.

EL CUARTEL GENERAL

El inmueble que es sede de Diario Cambio, en la capital poblana es un fantasma fiscal, pues nunca fue declarada su erección.

Sin embargo, de acuerdo con extrabajadores del ahora solamente portal informativo Diario Cambio, en ese inmueble tenían oficinas Moisés Ignacio, Daniel Tavera y quien presuntamente fue el ingeniero encargado de la obra, Arquímedes Río Andraca.

Todo pasaba por ese inmueble, todo se planeaba y todo se decidía en esas oficinas, aseguran cuatro distintas fuentes.

De acuerdo con un reportaje publicado en Exilio.mx e Hipócrita Lector, el pasado 25 de
mayo, “literalmente, la obra es un fantasma fiscal”.

Se trata de un inmueble de lujo y de notable amplitud: “en el sótano están la imprenta y la rotativa. En la planta baja el recibidor, en el segundo piso, las oficinas de Nacho Mier. En el tercero, la redacción, oficinas y el set de grabación y transmisión. En el cuarto piso
quedó la hemeroteca y los salones de clases, porque también iba a ser sede de una universidad de periodismo. Hasta arriba, hay un roof con asadores.”

El trabajo que se publicó agrega que “la ostentosa construcción que se ubica en la Privada 33 A Oriente, 1407, en el Fraccionamiento Anzures del municipio de Puebla, con cuatro niveles y con espacios de lujo, irónicamente, sólo tiene existencia física, pero todo su
proceso de construcción, los permisos municipales para ello, las licencias, los registros catastrales y de predial que avalen su erección y, principalmente, los reportes financieros y fiscales sobre el dinero que se utilizó para la obra, no existen.

“Esta cascada de irregularidades, perpetrada a lo largo de 12 años, se consintió en los ayuntamientos, al menos respecto de las licencias, impuestos y permisos de materia municipal, de los morenovallistas José Antonio, alias Tony, Gali Fayad, Luis Banck Serrato y la morenista Claudia Rivera Vivanco.

“Nada informaron los dueños de la empresa a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en sus diferentes facultades, y una revisión a los documentos públicos de esa propiedad arroja que la edificación se realizó a través de una operación con recursos, al menos, no reportados, que pueden configurar delitos.

“En la Boleta Predial PU83189 01, con Clave Catastral003099200170000 de 2022, se registra la edificación con ‘Uso Baldío’ y se le asigna un Valor Catastral de 3 millones 180 mil 492 pesos. Es decir, como si no existiera.

“El propietario es José Arturo Rueda Sánchez de la Vega, quien lo adquirió el 16 de marzo
de 2010, de manos del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, cuyo presidente entonces era Francisco Romero Serrano, exauditor Superior del Estado, preso actualmente en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en la ciudad de Puebla, por varios delitos, algunos catalogados como graves y que tienen que ver con anomalías en la función pública, así como violencia familiar”, indica el reportaje periodístico
que fue publicado el pasado 25 de mayo de 2022.